Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

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¿MONOPOLIOS EN SÍ MISMOS PROHIBIDOS?

Al margen de las noticias políticas que trajo consigo esta semana, un tema que ha despertado el interés de todos es la reciente compra de las cadenas Mifarma, BTL, Fasa y Arcángel (Quicorp) por parte de Inkafarma (InRetail). A inicios de mes, la Comisión de Defensa del Consumidor se reunió debido a la urgente necesidad de “debatir una ley para regular las concentraciones y fusiones empresariales y así evitar los monopolios que son dañinos para la economía” (Fuente: Diario La República, edición virtual del 01 de febrero).

Frente a esta ola política, es menester preguntarnos: ¿Los monopolios son perjudiciales para el sistema económico? ¿El Estado, más allá de su rol vigilante de mantener el libre juego de oferta y demanda, debe evitar a toda costa la constitución de monopolios o, siendo más precisos, economías de posición de dominio?

Compartiendo las ideas de Alfredo Bullard (Derecho y Economía. El análisis económico de las instituciones legales. 2° edición, Palestra Editores, pp. 961 y ss.), la respuesta debe partir por una atenta lectura del artículo 61° de la Constitución. Así, el monopolio, en sí mismo considerado, no está prohibido. Lo que se encuentra proscrito por nuestra norma máxima es el abuso que el empresario hace de su posición de dominio o monopolio. Asimismo, la creación legal y solamente la creación convencional de monopolios, se encuentran impedidas por mandato de la Constitución.

Permítasenos ser más claros. No está prohibido que un productor, y competidor en el mercado, de determinado bien “gane” a raíz de sus mecanismos de eficiencia y productividad la, valga la redundancia, competencia económica sostenida con el empresariado dedicado a idéntica actividad económica. La alta eficiencia, ocasionalmente, puede convertir a un ofertante en el único en el mercado. Como es lógico, y así se desprende de la Constitución, este, digámoslo así, “triunfo” no puede ser castigado con una alta sanción económica porque el monopolio no fue creado ni por ley ni por medio de una concertación.

Al mismo tiempo, es conocido que tras la compra de aquellas cadenas de farmacias, Inkafarma no será el único ofertante en el mercado de medicinas. En efecto, aún hay muchos negocios de venta de fármacos que permanecerán en el mercado y competirán con el grupo InRetail. Ergo, la compra de Quicorp no puede ser calificada como un monopolio producto de una concertación entre privados.

Bajo este contexto, si debido a factores de productividad y eficiencia, Inkafarma logra desplazar a los demás competidores que quedaron en el mercado de fármacos tras la compra hecha hace días, esta situación no puede ser sancionada por el Estado, debido a que este evento fue originado, principalmente, por el buen manejo empresarial.

En tal sentido, donde sí debe actuar el Estado, tratándose de la presencia de monopolios o posiciones de dominio formados a raíz de previas estrategias económicas, es en vigilar por el no abuso del poder económico del agente productor. En efecto, en una economía basada en la libre oferta y demanda, en la espontánea fijación de precios por parte de los privados, y en la libre competencia de ofertantes, están prohibidas prácticas como los precios predatorios donde un competidor, al margen de estrategias de productividad y/o de eficiente asignación de recursos, aparte a los demás productores ofreciendo al consumidor precios por debajo del coste del bien, para que una vez alcanzada su posición monopolista, y con la finalidad de recuperar el gasto invertido en el desplazamiento de su competencia, retorne o, en el peor de los casos, suba los precios de las medicinas a un extremo tal que la salud solo sea un bien accesible para pocos.

Entonces, más que combatir la constitución de monopolios o posiciones de dominio en el mercado, nuestros legisladores deberían enfocar el problema en la previsión de mecanismos efectivos que impidan el abuso de aquellas posiciones de poder económico. El error, entonces, parece ser uno de concepto y debería repararse en ello al momento de traer propuestas normativas.





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