Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





Prohibición de publicidad en medios de comunicación privados

Finalmente, después de varios debates, el pasado 18 de junio se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30793, Ley que Regula el Gasto de Publicidad del Estado Peruano.

Sintéticamente, este dispositivo normativo prohíbe el gasto de toda publicidad estatal en medios privados. Asimismo, en líneas generales, los únicos canales en virtud de los cuales el Estado puede dar a conocer su actividad son a través de sus propios medios de comunicación y, también, a razón de las redes sociales.

Quizás convenga preguntarse a estas alturas si los peruanos somos especialmente afines a visualizar o escuchar en el canal de televisión o radiodifusión estatales, respectivamente, la actividad del Gobierno. Particularmente, no creo que el televidente o el radioyente preste atención a la oferta de la programación del Estado, pues es conocido que la mayor parte de la audiencia prefiere los programas de los medios privados, incluida la televisión por cable.

Igualmente, hubiera sido ideal que esta ley, antes de haber sido aprobada, haya contado con un estudio sobre el real impacto que las redes sociales tienen no solo en la población enmarcada entre los 18 a 40 años, sino también en aquellos sectores de mayor edad.

Yo no tengo Facebook; mis suegros, tampoco; no obstante, ello no me puede llevar a generalizar que los ciudadanos de edad contemporánea a la mía no utilizan las redes sociales para informarse o dar a conocer sus estados de ánimo; sin embargo, este desconocimiento tampoco puede llevar a afirmar lo contrario; esto es, que la población adulta usa las redes sociales de mayor difusión a efectos de informarse sobre qué cosa está haciendo el Gobierno por los peruanos.

Lamentablemente, y como es de costumbre, la exposición de motivos de la Ley N° 30793 no contiene un estudio sobre los dos puntos anotados líneas arriba; por el contrario, solo centra su atención en las ingentes cantidades de dinero que el Gobierno gasta en dar a conocer ante la población su actividad estatal. ¿Esto es suficiente para prohibir la utilización de partidas en la contratación de medios de comunicación que se encarguen de difundir la actividad del Gobierno en el horario de mayor concentración de audiencia sea en radio o en televisión?

Lo que el Legislativo no entiende es que con este nuevo escenario legal los connacionales que no acostumbran utilizar redes sociales o que no visualizan u oyen los medios de comunicación del Estado, se verán afectados e, inclusive, verán lesionado su derecho a la libertad de información, pues, sin que el Parlamento lo advierta, o ahora varios tendrán que aceptar la oferta de los programas radiales o televisivos nacionales a la espera de poder informarse en los espacios publicitarios sobre la actividad que el Ejecutivo despliega en el país, o ahora quienes no somos afines a las redes sociales tendremos que aprender a utilizarlas a efectos de informarnos en qué invierte el Estado los recursos.

Quizás convendría, a fin de evitar este tipo de perjuicios implícitos, que toda exposición de motivos evalúe correctamente los costos y beneficios de una iniciativa legislativa, auxiliándose, para tal efecto, de estudios cuantitativos que lleven a proyectar el verdadero impacto que la propuesta legal tendrá en la sociedad.





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