Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

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PROPUESTAS INCONSTITUCIONALES

Gran polémica ha causado la aprobación del Proyecto de Ley 1215/2016-CR. La Comisión Permanente del Congreso exoneró de segunda votación una propuesta normativa que crea una nueva modalidad formativa laboral: la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, caracterizada por el no pago por la realización de actividades en situaciones reales de trabajo a cargo de estudiantes de institutos técnicos.

Sobre esta propuesta, no deja de sorprender que la ley sobre modalidades formativas laborales, norma matriz que regula los derechos y obligaciones de la empresa y del aprendiz, prevea otros regímenes formativos donde, al igual que la novedosa experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, al practicante preprofesional, profesional, al capacitado juvenil y a quien se actualiza para la reinserción laboral, se les pague una contraprestación denominada “subvención mensual convenida”.

Bajo tal contexto comparativo, aparentemente nos hallaríamos ante una propuesta inconstitucional en tanto se otorga un trato disímil (e incluso más gravoso) a realidades que en esencia comparten la realización de actividades en situaciones reales de trabajo.

Yendo más allá del principio-derecho a la igualdad (que, por cierto, es determinante para desaprobar un proyecto que lesiona la dignidad de la persona humana), el legislador nacional no ha reparado en lo que realmente se estaría proporcionando a la empresa: mano de obra gratuita. En efecto, el centro de organización laboral, por su misma esencia, es un espacio destinado a la producción de bienes y servicios, no uno donde se va a aprender cómo se producen estos. El aprendiz, como ya señaló el reconocido laboralista Jorge Toyama, “aprende, mira, pero a la semana ya empieza a trabajar a ser asistente, a ayudar, a ser auxiliar” debido a que a la empresa le interesa sobre todo producir antes que enseñar. La capacitación es una medida auxiliar que adopta el empleador para la mayor productividad de sus trabajadores; pero nunca sustituirá al principal destino de la empresa como es la maximización de la producción de bienes y servicios.

Teniendo en cuenta lo anterior, hallaremos que lo que en realidad propiciaría aquel proyecto es abaratar los costos empresariales debido a que contaría con personas que pese a asumir “voluntariamente” compromisos consistentes en la realización de actividad en situaciones reales de trabajo, no percibirían remuneración alguna.

Derecho a la igualdad y una inmoral reducción de costos empresariales son dos temas que deberían analizarse no solo para poner en pausa esta propuesta normativa, como lo ha señalado la congresista Rosa Bartra días después a la ola de críticas que ha merecido su proyecto, sino, principalmente, para retirar y archivar un proyecto que permitirá contar con trabajadores gratuitos, experiencia que se repetiría después de varios siglos (y tal vez milenios atrás).





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