Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





REFORMAS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Como parte del paquete de decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo a fines del año pasado y a inicios de este, el 7 de enero se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1342 intitulado Decreto Legislativo que promueve la transparencia y el derecho de acceso de la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales.

Como su nombre lo indica, este dispositivo normativo tiene por objeto dar a conocer a la población lo resuelto por los jueces de todas las instancias de la República.

A su vez, a efectos de priorizar una vigencia efectiva del conocimiento y entendimiento de lo resuelto por los magistrados en sus autos y sentencias, el decreto legislativo en mención prescribe a los operadores de justicia evitar la utilización de latinismos que dificulten la comprensión de la decisión judicial. De este modo, v.gr. al resolver un conflicto de intereses referido a la ausencia de poder de disposición para enajenar un bien, el órgano jurisdiccional debe soslayar, en la medida de lo posible, el recurso a la expresión “nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet” (que en traducción libre podría tener el siguiente tenor: “nadie puede transmitir más derechos de los que es titular”) por ser, consideramos nosotros, una oración ininteligible al hombre profano en derecho.

A efectos de concretizar la publicitación de las resoluciones judiciales, el artículo 5° de la aludida norma señala que las entidades que conforman el sistema de administración de justicia desarrollarán una plataforma de soporte tecnológico para la difusión de las decisiones jurisdiccionales. En el último párrafo del indicado artículo se prevé que el funcionamiento de la plataforma se sujetará a la previa emisión de un reglamento.

Pues bien, después de 10 meses desde la proyección del Decreto Legislativo N° 1342, el último 10 de noviembre se publicó en El Peruano el Decreto Supremo N° 021-2017-JUS, el mismo que aprueba el reglamento de aquel dispositivo normativo.

Para efectos de esta exposición, la acotada norma reglamentaria normativiza aspectos atinentes a la plataforma tecnológica (ahora llamada Plataforma de Acceso a las Resoluciones jurisdiccionales), disponiendo que su administración estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en coordinación con las entidades integrantes del Sistema de Justicia. Asimismo, en el artículo 7° de la referida normativa se sanciona el plazo de 120 días hábiles a fin de que, entre otros, el Poder Judicial emita la normativa interna que permita cumplir con las obligaciones de transparencia de acceso a la información pública.

El Decreto Legislativo N° 1342 y el Decreto Supremo N° 021-2017-JUS, es importante decirlo, positivizan y regulan un derecho de carácter fundamental que funge como presupuesto para la concretización de otros derechos y garantías procesales y sustanciales inspiradas en la dignidad de la persona humana y sancionadas en los numerales 4) y 20) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado; así, conocer el contenido de las decisiones jurisdiccionales permitirá publicitar las actuaciones procesales y favorecerá la formulación de análisis y crítica a los autos y sentencias emitidos por el Poder Judicial.

Si bien es cierto que aún tenemos que esperar un poco más de tiempo para hacer efectivo el derecho de acceso de la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales, conforme a la regularización contemplada en la norma legal y su correlativo reglamento, la Corte Superior de Justicia del Callao, dentro de su política de efectivizar en el más breve término la aludida situación jurídica, tanto más si al tratarse de un derecho de naturaleza constitucional que no requiere para su efectivización la emisión de normativa complementaria, emitió el 17 de febrero la Resolución Administrativa N° 113-2017-P-CSJCL/PJ, la cual disponía que los órganos jurisdiccionales chalacos remitan a la Presidencia de la Corte chalaca 2 resoluciones judiciales cada 15 días, las mismas que debían caracterizarse por contener o dilucidar pretensiones de cierto grado de dificultad o pronunciarse sobre algún tema mediático que requiera ser publicitado ante la comunidad, a fin de que puedan servir en la determinación de las principales líneas jurisprudenciales del distrito judicial chalaco.

Con ocasión de la mencionada resolución administrativa, los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia del Callao remitieron las decisiones judiciales que a su consideración cumplían con los requisitos de publicidad antes aludidos. El procedimiento de publicitación concluye con la difusión de sus síntesis a través de los medios de comunicación administrados por la Coordinación de Imagen Institucional del distrito judicial portuario.

Estamos seguros que los mecanismos de difusión de las decisiones judiciales implementados a iniciativa del Ejecutivo y seguido por la Corte Superior de Justicia del Callao, permitirán en un corto o mediano plazo propiciar un ambiente de predictibilidad jurídica en los justiciables, sobre todo en aquellos usuarios de la Corte chalaca, pues a partir de ahora conocerán cómo se resuelven los procesos judiciales de la más amplia naturaleza allí donde no exista jurisprudencia vinculante de la más alta instancia; asimismo, lo anterior constituye un importante mecanismo que evitará la lesión al derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley ante la presencia de supuestos de hecho sustancialmente idénticos.





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