Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





REVALORANDO NUESTRAS FUNCIONES EN UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Un día como hoy, hace 46 años, se institucionalizó, a través del Decreto Ley N° 18918, el Día del Juez, cada 4 de agosto. Textualmente, esta norma señala que la Corte Suprema y las Cortes Superiores de Justicia del país realizarán sesiones solemnes destinadas a rememorar la obra de los magistrados peruanos que han contribuido a la correcta administración de justicia, al progreso de la cultura jurídica del país y a la emancipación social, política y económica de la República.

El lector se preguntará con razón cómo los jueces peruanos contribuyen con la emancipación del país a través de sus decisiones. Esta inquietud es entendible, pues la primera impresión que nos genera la palabra emancipar es la idea de liberación tras una periodo de subordinación política, económica o social.

El fin de la norma es otro y no se basa en la mera interpretación literal. La finalidad es resaltar la valiosa actividad del juez peruano en los campos de eficiente administración de justicia, progreso de la cultura jurídica del país, consolidación del sistema democrático, y desarrollo económico y social a través de la generación de una cultura de paz.

Hace tres semanas, el doctor Francisco Távara Córdoba, expresidente del Poder Judicial y del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló en el marco del X Congreso Nacional de Jueces que nuestra función es fundamental para la consolidación del sistema democrático de gobierno. Puso como ejemplo la última campaña con ocasión de las elecciones presidenciales y parlamentarias. En aquella oportunidad, las decisiones del JNE, aunque polémicas, fueron respetadas por la sociedad civil dado que el ente electoral estaba dirigido por un magistrado de intachable carrera y hondo compromiso con la República.

En lo relativo a nuestro papel como impulsores del progreso de la cultura jurídica del país, basta con citar los acuerdos plenarios y los plenos casatorios civiles emitidos por la Corte Suprema de Justicia, a través de los cuales se pretende uniformizar la jurisprudencia nacional.

No se crea que solo los jueces de la más alta instancia cumplen con aquel cometido. Observando la realidad judicial de la Ilustre Corte Superior de Justicia del Callao, la cual me honro en presidir, podemos apreciar que nuestra jurisprudencia se encuentra a la altura de esta función trascendental de la magistratura peruana. En efecto, los jueces penales de este distrito judicial han corregido deficiencias normativas planteadas en la aplicación del Código Procesal Penal de 2004; esto es, ante un supuesto de ausencia de regulación normativa, los Jueces Penales de este Distrito Judicial han sabido integrar el Derecho. Lo expresado aquí se puede advertir en la décimo segunda edición de la revista institucional Ad Verbum de la Corte Superior de Justicia del Callao, que será compartida a través de nuestras redes sociales.

Nuestra labor judicial también guarda conexión con el desarrollo de la economía. Por lo general, lo que acabo de afirmar pasa desapercibido o subestimado en sectores de la sociedad civil o incluso políticos. No obstante, si atendemos a que el principio de seguridad jurídica cobra verdadera concreción en el ejercicio unívoco de la actividad judicial, podremos entender cómo la aplicación uniforme de la ley genera el ambiente necesario para que los particulares decidan vincularse económicamente.

No se piense que lo anterior es solo una afirmación vacía de sustento normativo. El Tribunal Constitucional ha resaltado la importancia del principio de seguridad jurídica en la STC 0016-2002-AI/TC al señalar que aquel principio “se convierte en requisito indispensable para el desarrollo de los pueblos, en tanto permite crear la certidumbre institucional que dota a los individuos de la iniciativa suficiente para, a partir de la titularidad del derecho de propiedad, dar lugar a la generación de riqueza”.

Cabe sumar el rol garantista del juez como componente clave de un estado constitucional de derecho. Tal como lo señala la profesora española Marina Gascón Abellán: “En la medida en que las Constituciones positivizan derechos fundamentales y hacen de ellos un vínculo frente al poder estatal, esta teoría general [esto es, el garantismo] es la teoría del derecho propia del Estado constitucional de derecho”; es decir, ante los abusos del poder estatal ajenos al sistema de justicia, somos nosotros quienes con independencia velaremos por el respeto de la persona humana y su dignidad.

Esta importante fecha también debe invitar a la reflexión a fin de valorar la importancia del principio de independencia de la función jurisdiccional que ejercemos. Una verdadera separación de poderes exige la presencia de aquel principio básico y esencial del Estado Democrático y Constitucional de Derecho. Es en razón a ese principio que el Poder Judicial no se asocia con ningún poder del Estado; todo lo contrario, actúa como un mecanismo de control del poder sobre la ciudadanía.

En este día deseo expresar mi saludo a todos los jueces y juezas de la República, desde Tumbes hasta Tacna, zonas donde inicia el Perú por el norte y por el sur, respectivamente. Asimismo, mi muestra de afecto para con mis colegas se extiende también a los Jueces Supernumerarios, actores judiciales cuya retribución económica no justifica sus esfuerzos por la obtención de una justicia rápida y eficaz. A todos ustedes, apreciados colegas, les digo desde esta tribuna: ¡FELIZ DÍA DEL JUEZ!





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