Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





SOBRE CÓMO UNA ERRÓNEA LECTURA PUEDE LLEVAR A OLVIDAR LA OBLIGACIÓN DE TUTELA JURÍDICA DEL ESTADO HACIA SECTORES VULNERABLES

  • Fecha Domingo 16 de Abril del 2017
  • Fecha 12:00 am

La semana pasada, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República (en adelante, CCR) aprobó por mayoría recomendar la derogación de parte del Decreto Legislativo N° 1323, por cuanto el Ejecutivo excedió las facultades legislativas concedidas mediante la Ley N° 30506, al haber legislado sobre temas relativos a la violencia motivada por móviles de intolerancia tales como la orientación sexual y la identidad de género.

Esta recomendación de la CCR mereció una columna de opinión de la ex Ministra de la Mujer Ana Jara, publicada en este diario hace pocos días. Al parecer de la ex parlamentaria, el Estado no debe dejar desprotegido a sectores vulnerables en nuestra sociedad; además que el Gobierno sí contaba con facultades legislativas en aquel tópico.

En la otra “orilla”, el Presidente de la CCR opinó en una columna publicada en el diario El Comercio el pasado jueves 6 de abril, que bajo ninguna circunstancia el Parlamento confirió facultades al Ejecutivo para legislar temas propios de identidad de género; asimismo, se precisa que el ordenamiento jurídico nacional ya prevé a la intolerancia y a la discriminación como agravantes de delitos como homicidio, lesiones o agresiones.

Pues bien, delineado el panorama, creemos que lo que probablemente ha sucedido al interior de la CCR, es una confusión de términos y alcances de los vocablos “violencia de género” e “identidad de género” (o violencia sustentada en la identidad de género). Me explico. Nadie duda que la ley autoritativa confirió facultades para legislar, entre otros, tópicos como la violencia de género (o, más propiamente, violencia sustentada en el género). El género es una construcción sociocultural distinta al sexo entendido como concepto biológico. De acuerdo al documento intitulado “Violencia basada en el género. Marco Conceptual para las políticas públicas y la acción del Estado”, la violencia sustentada en el género se manifiesta en el rechazo de personas sustentado en la contravención del paradigma de género impuesto por la sociedad. Así, la violencia de género se manifiesta en violencia de género hacia las mujeres (i) y violencia por prejuicio (ii). Estos dos conceptos son especies del macroconcepto violencia de género. En este marco de ideas, la violencia basada en el género no solo se manifiesta en el maltrato físico, psicológico, económico, moral, sexual y laboral, ocasionado a la mujer, sino también a las personas LGTBI.

Quien niegue que en el Perú no existe el pensamiento homofóbico a “gran escala”, simplemente desconoce la realidad actual de un país machista y seriamente sosegado por prejuicios de todo calibre. Atendiendo a ello, el Estado está en la obligación de tutelar eficazmente a los sectores de la población proclives a comportamientos ilícitos que eventualmente puedan cometer sujetos homofóbicos. En tal contexto, la modificación del artículo 46° del Código Penal representó un avance en esta política de tutela diferenciada. Por desgracia, la CCR decidió, a mi criterio erradamente, censurar aquella modificación basado en el hecho que la materia a legislar no constituía la identidad de género, sino la violencia de género, olvidando que éste es un macroconcepto que engloba tanto la violencia contra la mujer como la violencia ante personas LGTBI.

Finalmente, dos cuestiones, la legislación penal es imperfecta a efectos de tutelar expresamente a personas LGBTI. De no ser así, no encontraríamos sentido a la institucionalización del delito de feminicidio, por cuanto ¡bastaban las normas sobre asesinato para resolver el problema! Igualmente, la norma jurídica una vez positivizada “cobra vida propia”, no teniendo porqué ceñirse su interpretación a una exposición de motivos no vinculante.

 

 

 

 

 





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