Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





UNA REFORMA NECESARIA

El último martes se publicó en El Peruano la Ley 26859, norma que modifica apartados de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales. En síntesis, aquel dispositivo normativo sanciona impedimentos para la postulación a altos cargos de elección popular; en efecto, a partir de aquella norma, quienes hayan sido condenados por la comisión del delito de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación sexual, no podrán postular a los cargos de presidente, congresista, alcalde regional, alcalde municipal, entre otros, por más que sus condenas hayan quedado rehabilitadas.

Igual imposibilidad se presenta para aquellos condenados, con ocasión de la función pública, por los delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios.

Creemos que, a fin de conservar la ética, idoneidad y condición moral necesaria para el ejercicio de la función pública, la ley aprobada y publicada recientemente, constituye un gran avance para la consolidación del sistema democrático y de las instituciones en nuestro país. En efecto, siendo que el Código de Ética de la Función Pública dispone en su articulado pertinente que los principios por los cuales debe guiarse el servidor y/o funcionario público, son los de idoneidad y lealtad al Estado de derecho, resultaba extravagante que sujetos que no respetaron en su momento el orden democrático y, por el contrario, recurrieron al uso sigiloso de la violencia extrema; o que se hayan mantenido al margen del Estado de derecho, obteniendo altas regalías producto de actividades ilícitas que muchas veces encierran crueles atentados contra la vida, la integridad y el patrimonio; incluso, sujetos que no tuvieron reparo en valerse del cargo de elección popular para enriquecerse a costa de nuestros impuestos; o aquellos que atentaron y ocasionaron un daño irreparable para el devenir de la vida de un menor de edad y de su familia, podían postular, una vez rehabilitada su condena, a cargos públicos de alta dirección antes de la reforma que aprueba los actuales impedimentos.

Con el nuevo cambio de las reglas de juego electorales, se moraliza el ejercicio del cargo público, pues éste no debe ser visto como un mecanismo para enriquecerse o imponer ideas antidemocráticas. El fortalecimiento de las instituciones y la salvaguarda del sistema democrático exigían un mínimo de calidad moral entre el universo de postulantes.

Además de ello, el contexto en que se dio la reforma resultó ser oportuna, por cuanto al día siguiente se publicó el D.S. N° 004-2018-PC que convoca a elecciones regionales, provinciales y municipales. Con ello, en el marco del nuevo proceso electoral, aquellas personas que no cuentan con la calidad moral para servir a la Nación no podrán postular y, eventualmente, ejercer cargos de elección pública.

A pesar de las virtudes resaltadas, nos parece que la reforma debió comprender más supuestos, por ejemplo, inadmitir a condenados por delitos contra la vida, como el asesinato y el feminicidio, por cuanto los atentados contra aquellos bienes jurídicos denotan tan o igual gravedad que la vulneración a la libertad sexual; no obstante, esperemos que este tópico sea materia de pronta agenda antes que la realidad supere al derecho.





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