Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:



¿Y LA COMISIÓN QUÉ?

Cuando un proceso jurisdiccional es decidido a través de una sentencia contra la cual ya no cabe interponer ningún medio impugnatorio, se dice que la resolución judicial tiene carácter de cosa juzgada.  En virtud a esta institución, la parte perdedora no puede instaurar un nuevo proceso jurisdiccional contra la parte vencedora por el mismo asunto decidido en el primigenio juicio.

Esta garantía procesal a través del cual se prohíbe reavivar procesos fenecidos, se halla prevista tanto en el numeral 4) del artículo 8° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como en el numeral 13) del artículo 139° de nuestra Constitución. Así, por ejemplo, si X es declarado inocente en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, ningún individuo podrá, posteriormente, requerir al aparato de justicia que X sea nuevamente procesado debido a una inadecuada valoración de medios probatorios realizada por los jueces de todas las instancias.

La garantía procesal de prohibición de reavivar procesos fenecidos, además de ser consecuencia de la institución de la cosa juzgada, se inspira en la dignidad de la persona humana y en el derecho fundamental al debido proceso. Teniendo en cuenta ello, no existe inconveniente alguno que impida la aplicación de aquella garantía judicial en el ámbito de procedimientos parlamentarios, arbitrales y administrativos.

La moción de vacancia presidencial presentada el último jueves por diversos bloques parlamentarios, según la lectura de su texto publicitada por el portal de IDL Reporteros, se basa en el escándalo de corrupción del caso Lava Jato que no solo ha implicado al actual Gobierno, sino también a los actuales líderes políticos.

Si comparamos genéricamente los hechos por los cuales se solicita la vacancia presidencial por incapacidad moral del Mandatario, con los sucesos que ameritaron en su oportunidad la moción de diciembre pasado, apreciaremos que aparentemente el Congreso quiere vacar al Presidente Kuczynski por los mismos fundamentos, contrariándose, de esta manera, el principio de prohibición de reavivar procesos fenecidos de idéntica aplicación a los procedimientos parlamentarios; no obstante, esta garantía no se aplica cuando la nueva imputación se fundamenta en hechos que en su momento no fueron tenidos en cuenta en el primer procedimiento.

Sin perjuicio de que la última moción de vacancia se inspire en nuevos hechos que fueron informados por los medios de comunicación con posterioridad a la frustración de la moción de diciembre, consideramos que, más allá de que una lectura exclusivamente literal de la Constitución autorice al Parlamento a proceder por segunda vez conforme a sus facultades, existe una comisión multipartidaria encargada de conocer de manera dialéctica si nuestro gobernante tiene o no responsabilidad en este embrolloso tema.

La diferencia entre la actividad de la comisión multipartidaria y la moción de vacancia presidencial es sustancial, pues la primera valora, dentro de un espacio y tiempo determinado, los medios probatorios requeridos de oficio y ofrecidos por el investigado, sumadas las declaraciones brindadas por los implicados y terceros; mientras que la segunda, en unos pocos días y sin el suficiente tiempo propio de la primera, se ve en la necesidad de decidir en un solo acto si el Presidente continúa o no en el cargo elegido. En ambos supuestos, no obstante, la consecuencia de cambio de presidente es tremendamente perjudicial para la economía y las instituciones.

Así pues, y frente a un escenario de tormentas desestabilizadoras que nos mantienen en vilo, lo mejor sería esperar cuál es la conclusión a la cual arribe la comisión multipartidaria luego de haber hecho una minuciosa valoración de las pruebas que semanalmente son practicadas en los recintos del Congreso.

La toma de medidas que afecten el progreso de la nación merece un concienzudo análisis y no la práctica rápida de un debate insuficiente por cuestiones que necesariamente requieren un espacio de tiempo prolongado debido a la ingente cantidad de material probatorio que aún no ha sido actuado.



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