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Cambio en los métodos

Estamos en un momento muy importante para la lucha contra la impunidad, hemos llegado a un grave nivel de corrupción que ataca a todas las esferas del poder, es sabido que delincuentes y funcionarios públicos corruptos tienen comprados a jueces y fiscales para no ser condenados por sus execrables delitos. Esto tiene que cambiar y se está trabajando para ello, luego de que el Legislativo aprobara desactivar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el 9 de septiembre de 2018, a través de referéndum, se aceptara la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para limpiar nuestro cuestionado sistema de justicia.

Con esta nueva conformación de la JNJ, se debe lograr que nombren a abogados con vocación, que han desarrollado la especialidad para la cual van a postular, quieran hacer carrera y no busquen enriquecerse con malas prácticas, esto se tiene que garantizar. Una de las razones de la crisis de nuestro sistema de justicia es la forma en la que se venía condiciendo el CNM, magistrados que eran coimeados por jueces y fiscales para tener y mantenerse en sus cargos. Los postulantes pagaban, tenían exámenes simples y luego eran colocados en puestos estratégicos para responder a la organización criminal enquistada en nuestra administración de justicia. Es por eso que las cabezas de las mafias eran intocables.

También, el proceder pernicioso de nombrar a un juez y un fiscal mediante el voto de los integrantes de la junta tiene que acabar, lo que debe primar es la meritocracia, porque hay muchos abogados que se han preparado durante años para obtener un puesto, pero lamentablemente los han dejado de lado porque precisamente con los votos finales separaban a los postulantes con mayor puntaje. Si queremos una verdadera reforma, lo primordial es el puntaje que logra el candidato, porque demuestra lo preparado que está para el puesto. Además, quienes postulan deben presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas y si es posible les deben levantar el secreto bancario, tributario y telefónico para que los nombramientos sean transparentes y la población confíe en las autoridades.





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