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Miente y miente

Estamos en tiempos de cambios, nuestro país necesita salir de la grave crisis de corrupción en la que está sometido. Para ello, requerimos un presidente que no tenga cuestionamientos, que no mienta constantemente y que deje el populismo para trabajar por los más pobres de nuestro Perú, quienes son los más afectados por la corrupción enquistada en las altas esferas de poder. Por ejemplo, con todo el dinero robado por la corrupta Odebrecht, cuántas familias no tendrían los servicios básicos y estarían viviendo dignamente.

Pero, lamentablemente tenemos un presidente que miente reiteradamente. El 9 de enero de este año en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, un periodista del programa dominical de investigación le preguntó si había contratado con Odebrecht, a lo cual el mandatario respondió titubeante e inseguro que no; días después el mismo programa de televisión emitió un reportaje en la que se confirmaba que la empresa del Presidente, CyM Vizcarra, constituida en 1990 y en la que era gerente de operaciones, contrató con Conirsa, empresa que estaba conformada mayoritariamente por Odebrecht.

El mandatario dijo que no tenía conocimiento de eso, pero, ¿cómo un gerente de operaciones que va a prestar servicios a otra empresa y a la que alquilará sus maquinarias valorizadas en miles de soles no va a saber con qué compañía va a contratar?

La partida en Registros Públicos con N°11001659 especifica las labores del gerente de operaciones, en la que dice textualmente “Representar, dirigir, administrar y supervigilar los negocios…”. Con las funciones que establece su estatuto, es mentira que no supiera que Odebrecht tenía mayoritariamente las acciones de Conirsa. ¿Qué esconde el mandatario?

El presidente Vizcarra también incurrió en infracción constitucional cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones en el 2016. Según el artículo 126° de la Constitución Política del Perú (CPP) los ministros no pueden intervenir en la dirección o gestión de empresas, para el puesto se necesita a un funcionario que haga primar los intereses de los ciudadanos y no los suyos. A consecuencia, se presentó una denuncia constitucional contra el jefe de Estado. De acuerdo al Artículo 117 de la CPP el mandatario goza de inmunidad, pero eso no quiere decir que no pueda ser investigado y al término de su mandato la justicia hará lo suyo.





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