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Te lo dije

En el Congreso cumplimos con realizar todas las acciones legales que correspondían en mérito a las graves revelaciones de una serie de funcionarios y servidores públicos, entre ellos, presidentes de la República y ministros de Estado que tuvieron relación directa con la tan cuestionada y corrupta empresa Odebrecht. Una de estas personas fue nada más ni nada menos que César Villanueva, expresidente del Consejo de Ministros y ex gobernador regional, quien hacía una defensa cerrada y descarada en todo debate que se generaba a favor de la corrupta Odebrecht.

Se conoció a través de un reportaje de un programa dominical que desde la Presidencia de la República había una seria preocupación de su permanencia porque habían tomado conocimiento de que Villanueva habría recibido dinero de Odebrecht cuando era gobernador regional de San Martín. Asimismo, informaron de la relación laboral que habría existido entre el hijo de César Villanueva y la empresa Odebrecht.

Dicha noticia fue recogida por mi despacho y ameritó una queja ante la Comisión de Ética por haber participado en una serie de votaciones que beneficiaban a la empresa corrupta, en cuyas intervenciones tenía una defensa descarada pero jamás dejó constancia de la relación laboral entre su hijo y Odebrecht generando así un conflicto de intereses. Pero ¿qué pasó en la Comisión de Ética? Pues esta queja como otras fue archivada sin una previa investigación.

Nosotros siempre estuvimos con un paso adelante en todas las revelaciones que hoy escandalizan a la ciudadanía.
Una prisión preventiva sobre el expresidente del Consejo de Ministros del gobierno del señor Martín Vizcarra, que entre otras cosas generó un marco legal favorable para la empresa corrupta Odebrecht y otras con la aprobación del reglamento de la Ley 30737, ameritaria por lo menos el pronunciamiento del presidente Vizcarra, quien suscribe también este decreto.

Cabe resaltar que en esta norma beneficia a Odebrecht porque en su contenido se dejó de lado lo establecido en el código penal respecto al pago de la reparación civil y simplemente se pensó en los intereses de la empresa, de esa forma el procurador Jorge Ramírez pretendió justificar el ínfimo monto de 610 millones de reparación civil al que arribó, por la afectación en los cuatro proyectos incluidos en el Acuerdo de Colaboración Eficaz. Aunque al momento de la aprobación del mencionado acuerdo, por parte del equipo especial Lava Jato, decidieron eximirla de la aplicación de la Ley 30737.



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