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 ¿Y OSCE?

En esta columna seguimos poniendo en conocimiento de la opinión pública el desfalco a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) por parte de su directora, Isabella Falco. Pues el millón de dólares pagados a la empresa Sony Music podrían haber servido para temas mucho más importantes.

A estas alturas, ya nadie duda de que algo irregular hubo en esa contratación o “Acuerdo de Colaboración”, el mismo que fue lesivo a los intereses del Estado Peruano, a quien se le perjudicó favoreciéndose a la trasnacional Sony Music y a otros intereses particulares. Para realizar su plan “perfecto” iniciaron todo el procedimiento, con la dirección de altos funcionarios de PromPerú, para que dicha contratación cumpla con el supuesto previsto en la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que en su artículo 5  regula los supuestos excluidos del ámbito de aplicación, sujetos a supervisión: “5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley: (…) f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la presente Ley; ii) el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero; (…). 5.2 El reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a estas contrataciones. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) establece los criterios para la supervisión”.

Es decir, si el contrato de PromPerú con la transnacional Sony Music realmente fue uno de los casos previstos de exclusión de la Aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, ella debió haber sido supervisada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), pero hasta ahora el OSCE no ha dicho nada. Ni ha supervisado el procedimiento de contratación, e inclusive ni siquiera bajo el control posterior que suele ser la justificación de los funcionarios corruptos, tampoco se ha pronunciado, ello se llama complicidad, y primaria, porque si hubieran cumplido sus funciones como la ley lo manda (delito de omisión de actos funciones), no se le hubiera robado al Perú, en este como en otros muchos casos. Ahora la Fiscalía tiene la palabra.



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