Este sábado 7 de diciembre es la gran marcha por la vida
Rafael López Aliaga convoca manifestación en defensa de la familia y contra la unión civil del mismo sexo.
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El alcalde Rafael López Aliaga llamó a participar hoy, sábado, en una gran manifestación en defensa de la familia y contra la unión civil de personas del mismo sexo, un proyecto que se debate en el Congreso de la República.
Desde la 1 de la tarde, los ciudadanos se concentrarán en la Plaza San Martín para marchar en dirección al Congreso bajo el lema “Marcha por la vida y la familia”.
Fuentes extraoficiales mencionan una posible contramanifestación de personajes gay, como “Gahela” Cari Contreras, Susel Paredes, Ricardo Morán y otros opositores al movimiento provida, en alianza con agrupaciones proaborto vinculadas a ONG de “derechos humanos”. Plop.
La idiotez nacional
Mientras en el mundo hay temas de debate que incluso comprometen el futuro de la humanidad, en el Perú la idiotez nacional, sobre todo congresal, sigue teniendo como tema central la nariz de la presidenta Dina Boluarte. Los legisladores no fiscalizan la ejecución del presupuesto nacional del ejercicio 2024, mucho menos sus proyecciones; están más interesados en los Rolex y la rinoplastia de la dama de Chalhuanca.
“Condiciones mínimas”
Ni los penalistas y juristas más caracterizados están convencidos de que haya delito y causa suficiente para una vacancia presidencial. Luis Lamas Puccio, consciente de la poca consistencia de sus ideas sobre la posible responsabilidad penal que fundamenta la vacancia, aceptó en RPP que solo hay “condiciones mínimas”.
Un tema laxo
El abogado constitucionalista Luciano López, al ser consultado sobre la posibilidad de que esto derive en una moción de vacancia presidencial, afirmó que, dado lo laxo del recurso, “cualquier cosa podría pasar”. Según su juicio, dependerá de la voluntad de los congresistas. Es decir, traslada la papa caliente de la esfera jurídica a la política.
Habla Nakazaki
El penalista César Nakazaki, en la misma emisora, cuestionó la investigación de la Fiscalía de la Nación por presunto abandono del cargo que habría cometido la presidenta Boluarte para someterse a una operación. ¿Abandono de cargo y omisión de funciones a consecuencia del postoperatorio? ¿Cómo lo van a probar si hay cantidad de normas firmadas en esos días de la operación y el postoperatorio? Además, el ex premier Otárola ha afirmado que Boluarte no abandonó sus funciones.
¿Caserita de la Fiscalía?
Menos aún se puede hablar de infracción constitucional, según Nakazaki, a tenor de un acuerdo del Tribunal Constitucional sobre la tipificación precisa que se exige en este tipo de caracterizaciones. Y no se puede estar crucificando al médico [Cabani] desde el Congreso para que revele el secreto profesional, porque cometería delito e iría a la cárcel, a menos que haya orden de un juez. Menos aún se puede tener a la presidenta como “caserita” de la Fiscalía, llenándola de investigaciones preliminares. Plop. Así de claro.
Dudosa viabilidad
El penalista Dino Carlos Caro Coria, quien inicialmente pensaba que habría delito, ahora dice que el tema de la nariz de la mandataria es “un caso penal de dudosa viabilidad”. Y es que “no existe norma expresa que obligue a la presidenta a informar al Congreso sobre su rinoplastia, incluso cuando esta hubiera sido innecesaria o estética”.
Debilita imputación penal
Si bien “el deber de informar puede construirse en base a interpretaciones constitucionales que parten de la incapacidad temporal, la transparencia, la rendición de cuentas, etc.”, “la ausencia de un deber expreso debilita la imputación penal por omisión de funciones (art. 377 CP) o abandono del cargo (art. 380 CP)”.
Más mermado...
“Si el deber de comunicar emana de una interpretación, ello no basta para imputar omisión de funciones”, subraya Caro. Es más, si el Congreso “no hace nada”, no determina que exista infracción a la Constitución, el caso penal quedaría más mermado.
Se acabó el debate
Así las cosas, es obvio que para el experto el Derecho penal es secundario, y si no hay infracción a la Constitución, con mayor razón no existe delito. Es más, “aun cuando la Fiscalía, tras la investigación preliminar, considere que hay delito y debe pasarse a la preparatoria, la denuncia constitucional será decidida por el Congreso por tratarse de un supuesto delito de función”. Y se acabó el debate.
“Estafeta”
Es lo que ahora llaman a un portapliego de un “Niño” del Congreso, a quien se sindica de estar cobrando varios miles de soles por supuestamente hacer ingresar a trabajar al Legislativo a algunos incautos. Tenemos en nuestro poder algunos váucheres y comunicaciones en las que al mandadero del “Niño” le reclaman la devolución del adelanto por un puesto laboral. Claudia es una de las víctimas.
El peón de Sipán
Hace poco en las redes sociales se hizo viral un video en el que un “secretario técnico” del Congreso le increpaba de manera indirecta a una legisladora fujimorista, que en su comisión y en el Parlamento habían sido designadas personas incompetentes, que ni siquiera conocían de hermenéutica parlamentaria. El fulano se ufanaba de estar 22 años en el servicio parlamentario. Lo cierto es que el susodicho antes le cargaba los bártulos al “Señor de Sipán” Javier Velásquez Quesquén, y recién tiene 15 años en el cargo, al que también ingresó por la ventana, nos informan. ¿Les damos el nombre?
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