Fiscal de la Nación se “olvida” de José Domingo Pérez y viaja a Huacho
Delia Espinoza guarda silencio sobre peritaje de desbalance patrimonial.
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Parece que José Pérez sigue tan blindado como en los tiempos de Juan Carlos Villena. Han pasado cuatro meses desde que se solicitó pasarlo a investigación preparatoria por un peritaje de desbalance patrimonial, pero la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no dice “está boca es mía”.
La funcionaria suprema ha preferido hacer visitas inopinadas a diversas sedes, y recientemente estuvo en Huaura, lo cual promocionó en las redes sociales de su institución. Ojalá promocione, con el mismo entusiasmo, su decisión sobre el defensor del acuerdo con Odebrecht. Claro, si se decide a buscar la verdad.
Pícaros
Nos informan que nadie investiga o toma decisiones en el Congreso por la ilegal actuación de algunos funcionarios de seguros que pagaron beneficios y atenciones a pícaros trabajadores y extrabajadores sin congelarles los beneficios que ya no les correspondía. Incluso, nos indican que la principal implicada estaría pasando una gran vida en EEUU. Y a esto hay que sumar, que otros avivatos se han separado de sus esposas y con sus nuevos compromisos, también estarían haciendo de las suyas con los seguros. Plop.
¿Investigarán a Vela?
¿Es cierto que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha encontrado razones sólidas para investigar a Rafael Vela por el delito de tráfico de influencias y ha dispuesto que se derive la Disposición 18 de la Carpeta 33-2024 (del 29/11) al fiscal supremo respectivo? Difícil de creer.
Escepticismo
Por eso, José Barba Caballero se pregunta, dudoso, en sus redes sociales: “¿De veras que habrá una investigación en serio contra el fiscal Vela? ¿La caviarada en los medios y el sistema jurídico le soltarán la mano? Soy escéptico al respecto”, afirma.
Procuradora perdida
¿Por qué el Ministerio Público mandó a una funcionaria que no tiene ni diez años de experiencia profesional como su procuradora para defender el acuerdo secreto con Odebrecht ante el Tribunal Constitucional? La doctora Gabriela Copello Manrique prácticamente fue al sacrificio, en reemplazo de abogados con más experiencia que no se atrevieron a dar la cara. Algo se deben traer entre manos los del Equipo Lava Jato.
IPYS y Graña
Parece que los amigos de IPYS no aprenden, luego del papelón por aceptar dinero de Odebrecht. Ahora salieron en defensa de la abogada Rosa María Palacios, quien ha denunciado a la Sunat por supuestamente haber filtrado sus recibos de honorarios con Graña & Montero. Lo cierto es que la exasesora fujimorista, y ahora antifujimorista, debería aceptar que cobrar de empresas corruptas es un tema de interés público.
Fiscal clandestina
Benji Espinoza, abogado de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, dijo que su defendida no se entregará a la justicia, no obstante que el Poder Judicial le impusiera 18 meses de prisión preventiva por el caso ‘Chibolín’. “Va a ejercer su derecho a resistir una detención que considera arbitraria hasta que se agoten los mecanismos legales para poder cuestionar la misma”, declaró a una emisora local.
Relativismo jurídico
La conducta de la fiscal Peralta es el resultado del prevaricato reincidente de jueces y fiscales de los últimos años. Y es que estos son los que deciden qué ley obedecer y qué ley desechar. Vivimos, entonces, un relativismo jurídico, un desmadre, una anarquía que merece que pronto haya una reorganización total del sistema de justicia.
Al estilo ‘Vladi’ Y ‘Nica’
Entonces, la fiscal “Pinocha” Peralta está prófuga, “tal cual Vladimir Cerrón, tal cual Nicanor Boluarte”. Francamente, la justicia en el Perú es un meme. ¿Y la Policía? Pintada. El colmo de los colmos. Ella misma había anticipado cómo borrar sus huellas”, recuerda la conductora Milagritos Leiva.
Amparo del Lagarto
Ahora resulta que, mientras el juicio contra Martín Vizcarra continúa por los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua”, el Tribunal Constitucional recibió, en paralelo, la demanda de amparo que presentó el expresidente para anular la decisión del Congreso que lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos. Esto, tras haber recibido de forma irregular la vacuna contra la covid-19 en octubre de 2020.
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