¿IDL busca asilo político para fiscales amigos?
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No sería raro que la ONG IDL de Gustavo Gorriti esté buscando el asilo político de algunos fiscales amigos, y por eso ha invitado a hablar al asilado en Estados Unidos, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala.
Este señor, que luego de acusar, al estilo Keiko, al presidente de su país, no logró nada, y ante sus bravuconadas lo sacaron. Pero eso no quedó allí. Cómo le encontraron inconductas, quizás no menores que las del fiscalillo José Domingo Pérez, el Ministerio Público de Guatemala emitió una orden de captura contra él.
¿Un MEF de incautos?
Ahora resulta que el sólido edificio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se puede derrumbar. Y la advertencia es oficial. Aló, ministro Álex Contreras, ¿podemos saber quién lo sugirió? Porque alguien diagnosticó esta alarma dado los huracanes o tormentas constantes de Lima, afirman los incautos.
Hay S/ 35 millones
No estamos hablando pavadas. La cosa es que en el plan anual de contrataciones de este año 2023 del MEF hay una obra por 35 millones de soles para reducir la vulnerabilidad sísmica de la infraestructura, se supone del Jr. Junín. Pero como todo negocio debe ser redondo, para la “supervisión” de la obra se ha destinado 2 millones de solcitos y algo más. ¡Hurrrra!
Fábricas de rumores
¿Es que Defensa Civil iba a cerrar el MEF como a una discoteca o como al Museo de la Memoria? Cuidado. No vaya a ser que los de Defensa Civil sean unos aliados indirectos de las constructoras especialistas, al parecer, en lanzar este tipo de alarmismos. Ya antes sucedió con el Ministerio de Educación, ubicado en el Parque Universitario, del que dijeron sería demolido por “fallas”. Y también con el Ministerio de Trabajo de la Av. Salaverry.
Está más fuerte…
Ese palabreo de las “fallas estructurales” solo sirvió para construir un nuevo edificio ultramoderno para el sector Educación que está en un intersticio de la Av. Javier Prado. Y la tremenda mole del Parque Universitario en adelante albergaría a los juzgados de la Corte Superior de Lima. Pero este edificio construido en tiempos de Odría sigue más pétreo y fuerte que otros más recientes.
¿Libres de desinformación?
Los muchachos de Piero Corvetto –jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de perfil bastante bajo en los últimos meses– tienen un espacio en las redes sociales dedicado a responder consultas en las que usan un eslogan gracioso y pretencioso: “el primer programa libre de desinformación”. Sería importante que en ese programa algún día nos cuenten qué agrupaciones políticas han sido sancionadas por el mal uso de los fondos públicos que se les asigna.
Financiamiento y supervisión
En un programa reciente, Karina Rivera, subgerente de Técnica Normativa de la ONPE, fue convocada para hablar sobre las modificaciones al reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios, donde según dijo –ahora– los tesoreros de las agrupaciones políticas tendrán mayores responsabilidades. ¿Qué insinúa este personaje que, de seguro, jamás ha conocido ni en forma remota cómo es que funciona un partido político.
Trabajen, parásitos
Pero se dan ínfulas desmedidas. Tanto es así que que miss Rivera repitió algo que resulta obvio. La ONPE tiene la facultad de fiscalizar los fondos de financiamiento público directo, así como la verificación y control de la actividad económica y financiera de las organizaciones políticas. ¿Pero realmente lo hace? Esta sección pobre pero honrada se enteró además de la existencia de miles de expedientillos con procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Trabajen, pues.
Se contenta un poco
En la reciente reunión anual de presidentes de Cortes Superiores del país, Javier Arévalo, titular de la Corte Suprema, se mostró complacido por un último sondeo de opinión de Ipsos que otorga al Poder Judicial (PJ) un 22% de aprobación. Esta cifra significa que están trabajando, sostuvo. ¿Con tan poco se conforma el mandamás de este poder del Estado?
Mal de muchos…
El agravante es que Arévalo no dijo ni pío del 68 % de desaprobación que le da la misma encuesta. La alegría de Arévalo –entendemos– es porque tal aprobación judicial supera la del Poder Ejecutivo donde Dina Bolaurte apenas llega al 16 %; el premier Alberto Otárola, 14 %; y el titular del Congreso, José Williams, 15 %. Mal de muchos, ¿consuelo de…?
Derecho a la protesta
En la misma reunión, el presidente del PJ manifestó que, pese a no ser especialista en temas penales, la resolución emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sobre el derecho a la protesta, le parece buena. No hagan mucho caso a quienes la critican, anotó. Esto no obstante que algunos consideran que el fallo es poco claro y contradictorio.
¿Derecho implícito?
Ante la ola de comentarios e interpretaciones del documento, la Sala que preside César San Martín salió a aclarar que el Poder Judicial es respetuoso del derecho implícito a la legítima protesta pacífica. ¿En qué parte de la jurisprudencia del TC o de la Constitución política del Estado está ese “derecho implícito”? En los corrillos judiciales trascendió que quien redactó el comunicado aclaratorio fue el juez supremo Manuel Luján Túpez.
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