Se inicia proceso administrativo disciplinario contra Colchado

Medida fue dispuesta por la Inspectoría General de la PNP.


El traerse abajo la puerta de la mandataria Dina Boluarte se ha convertido en más de un dolor de cabeza para el cuestionado coronel PNP Harvey Colchado, pues la Inspectoría General de la PNP, a través de su Oficina de Disciplina, ha dispuesto iniciar un proceso administrativo disciplinario en su contra, debido a que habría cometido varias infracciones de procedimiento policial (G-38. G-26 y L-41 de la Ley 30714).

Como jefe de la Diviac, no habría cumplido en contar con los actuados policiales y actas de registro corporal de los investigados, en los que ha tenido participación el personal policial a su cargo.

Ministros políticos

Aunque los ministros lo han negado, corrió el rumor de que se efectuarían varios cambios en el equipo ministerial liderado por Gustavo Adrianzén. ¿La razón? Los asesores le habrían recomendado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, tener ministros más políticos y no tan “técnicos”, si es que se les puede llamar así a los actuales titulares de portafolio, para que puedan defenderla de las denuncias fiscales. Cierto o no, ahora se escucha a los integrantes del gabinete defender a la mandataria de las investigaciones del caso Rolex y de supuesto enriquecimiento ilícito.

Inexperto

A los cronistas parlamentarios no les gustó que el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría (Fuerza Popular), tenga su prensa favorita. Debido a la carencia de congresistas, los medios que usualmente cubren las actividades congresales esperaban a dicho parlamentario, cuyo personal había dicho que declararía a la prensa. Sin embargo, minutos antes de que el legislador se retire del Parlamento, sus asesores preguntaron si estaba presente un canal de televisión en particular. Como no estaba, el parlamentario decidió irse sin decir ni una palabra. Al parecer, el congresista no se da cuenta de que su labor termina en 2026, mientras que la prensa continúa.

No estratégico

La crisis que está pasando la bancada de Renovación Popular no podía haber sucedido en peor momento, ya que algunos de sus integrantes tienen la mirada puesta en la Presidencia del Congreso. Como ya se sabe, Alianza para el Progreso (APP) ha tenido a dos representantes dirigiendo la mesa: primero a Lady Camones, quien tuvo que dejar el puesto por una denuncia periodística, y luego a Alejandro Soto. Pese a que representantes de este partido habrían recomendado presentar a un postulante para las próximas elecciones congresales, algunos partidos políticos no están dispuestos a ceder su turno de liderar el Parlamento.

El poder de los bonos

Y ya que mencionamos a Alejandro Soto, hay que señalar que, si bien tiene una pésima relación con la prensa, el actual presidente del Congreso y legislador de Alianza para el Progreso ha sabido ganarse el agradecimiento de congresistas y trabajadores del Parlamento a punta de bonos. Incluso se deslizó el rumor de que podría reelegirse. No obstante, ello no sería posible ya que hay bancadas que exigirán su derecho a presidir la mesa directiva.

Desde el llano

Si bien algunos quieren repetir la experiencia de ser titulares del Legislativo, otros congresistas prefieren estar en el llano. Por ejemplo, al ser consultado sobre el tema, el congresista José Williams contestó que no volverá a ser presidente del Congreso si lo proponen para presidir la nueva mesa directiva en julio próximo: “Que propongan a otros, yo ya fui y lo agradezco”, dijo.

Decisión

Fuentes confiables contaron a EXPRESO que el Tribunal Constitucional (TC) decidirá si mañana multa a Omar Cairo, abogado de la exintegrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Inés Tello, por haber roto la resolución del TC que restableció la inhabilitación de su patrocinada dictada por el Congreso de la República durante una entrevista televisiva.

Multa

Según las fuentes, el Tribunal Constitucional (TC) multaría a Omar Cairo por mala práctica profesional con 10 Unidades de Referencia Procesal (URP). Como se conoce, el Tribunal Constitucional (TC) puede imponer multas de 1 hasta 50 URP a cualquier persona, natural o jurídica, investigada o no de función pública, e incluso a los abogados patrocinantes que incumplan los requerimientos de comportarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Civil.

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