Adriana Tudela sostiene que en Perú «se abusa de la prisión preventiva» y se utiliza como herramienta de «persecución política»

La congresista de Avanza País señaló que evaluará el proyecto de María Acuña sobre asuntos de detenciones arbitrarias.


La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, se pronunció sobre el proyecto de ley que presentó su colega María Acuña (Alianza para el Progreso), cuyo objetivo es regular la responsabilidad de los magistrados en detenciones arbitrarias, y propone compensaciones para las víctimas.

“Es algo que tenemos que evaluar porque lamentablemente la ‘justicia’-si es que todavía podemos hablar de justicia en el Perú-se ha politizado a tal punto que se afectan derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Además, se abusa de las prisiones preventivas y se utilizan como una herramienta de persecución política, eso es algo que debe detenerse”, refirió.

La iniciativa busca la modificación del artículo N.° 7 de la Ley 24973, la que regula la indemnización por errores legales, así como por detenciones arbitrarias con el fin de establecer la solidaridad en el pago de las medidas. Por capturas ilegales a los magistrados que de forma grotesca lo permitan.

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Además, Adriana Tudela, sostuvo que este recurso no sería una interferencia en la labor que desarrolla el Poder Judicial.

“El Poder Legislativo es quien emite las leyes que son aplicadas por el Poder Judicial y definitivamente eso no puede considerarse una interferencia”, señaló la parlamentaria.

La condición normal de un procesado es llevar el proceso en libertad, sin embargo, como excepción se ha establecido el tema de la detención como naturaleza de seguridad procesal, cuando se cumplen los supuestos establecidos en la norma.

Cuando no se cumplen dichos supuestos estamos frente a una detención arbitraria que es aquella que se realiza en contravención a la ley y sin el debido proceso. En otras palabras, es una privación de libertad que no se ajusta a las normas establecidas en la Constitución y en la ley.

Los operadores de justicia, como magistrados, fiscales, abogados y agentes de la ley, tienen la responsabilidad de garantizar que las detenciones sean de manera legal y justa. Esto implica varias responsabilidades como: respetar los derechos humanos, exigir pruebas y justificación, evitar la arbitrariedad, investigar denuncias de detenciones irregulares, entre otros.

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