Alarcón apuntó a peajes y lo sacaron
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En conferencia de prensa realizada el 26 de junio de 2017, el entonces contralor de la República, Édgar Alarcón, anunció que “la siguiente semana” presentaría a la opinión pública un informe sobre el perjuicio al Estado a causa del contrato con Rutas de Lima. Ocho días después, fue removido de su cargo.

“Ya nos hemos acreditado ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo alcance de la auditoría comprende el periodo de entre enero de 2013 y mayo de 2017. El monto a ser examinado asciende a unos US$558 millones (…) Nadie sabe lo que se está construyendo con el dinero del peaje, quién está asumiendo el gasto, qué es lo que tenía el concesionario… Nadie lo sabe”, declaró entonces a la prensa.

El ahora presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso había sido acusado por un sector mediático, donde José Graña tiene acciones, de dedicarse a la compra y venta de vehículos además de su función pública. También se le imputó la indemnización que cobró su pareja a la Contraloría.

Marco Arana, quien sustentó los argumentos contra Alarcón, también consideró irregular que este haya pedido a su denunciante que retire los documentos presentados.

Todos los cuestionamientos al destituido surgieron luego de que se opusiera a la adenda del contrato del aeropuerto internacional de Chinchero. Incluso se divulgaron audios donde ministros de Pedro Pablo Kuczynski lo presionaban para que cambie de posición.

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