Alberto Otárola sería el nuevo operador de la Sunedu
Desde que el TC sentenció que la Ley 31520 debía entrar en vigencia, los directivos de Sunedu iniciaron una agresiva campaña mediática para continuar en sus cargos, bajo el pretexto de que «la reforma universitaria se cae».
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EXPRESO tuvo acceso a información proveniente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), una entidad en la que empiezan a existir desacuerdos por la influencia de ciertos personajes vinculados al llamado sector caviar.
Cuestionan la relación que tendría el premier Alberto Otárola con el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, a tal punto que Otárola habría invadido las funciones del ministro de Educación y ordenado que el tema Sunedu pasa a cargo directo de su despacho.
Nuestras fuentes señalan que el primer paso del acuerdo entre Otárola y la Sunedu se dio el 9 de enero, cuando el gabinete ministerial acudió al Congreso a solicitar el voto de confianza. En su discurso existió un pequeño párrafo que pasó desapercibido y que ahora, a la luz de los hechos, es muy revelador.
Otárola dijo: «Por intermedio del reglamento de la Ley que dispone una nueva composición del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior – Sunedu, la Presidencia del Consejo de Ministros centralizará el propósito del Ejecutivo de mantener y mejorar la alta calidad de la educación universitaria en el país».
Lo más evidente es la frase: «La Presidencia del Consejo de Ministros centralizará el propósito del Ejecutivo». En efecto, Otárola puso a un lado al ministro de Educación, Óscar Becerra, y se llevó a la PCM el tema de la Sunedu, con el objetivo de que no se aplique la Ley 31520 y los actuales directivos no sean retirados de sus cargos.
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La decisión de Otárola es ilegal. No tiene facultades para quitarle el tema Sunedu al sector normativo natural que es el Minedu. Pero el accionar de Otárola resulta más ilegal aún, pues según expertos consultados por EXPRESO, un primer ministro no puede poner en la congeladora lo dispuesto por el Tribunal Constitucional respecto a la vigencia de la Ley 31520. Esto significa incurrir en desacato ante un mandato del Tribunal Constitucional. Otárola está diciendo: «La Ley se aplica cuando yo lo determine».
Si se considera que Otárola se presenta como experto en Derecho Constitucional, su actuación empieza a tener tintes de sospecha. ¿Por qué se esmera en mantener al Consejo Directivo de la Sunedu que, desde el 2015, maneja la institución sin rendir cuentas a nadie?
Reglamento ilegal
El extraño afán de Otárola es más notorio si reparamos que ante el Congreso anunció que la nueva composición del Consejo Directivo de la Sunedu se daría «por intermedio del reglamento de la Ley que dispone una nueva composición del Consejo Directivo». Su pretensión sería que la Ley 31520 sea reglamentada desde la PCM y, por esa razón, le ha quitado competencia al Ministro de Educación.
EXPRESO consultó a expertos en Derecho Constitucional y coinciden en afirmar que la Ley 31520 no necesita reglamento, porque únicamente modifica unos cuantos artículos de la Ley Universitaria, que es una Ley en plena vigencia. ¿Por qué Otárola quiere reglamentar la Ley que cambia la composición del Consejo Directivo de la Sunedu? Se trataría de una excusa para no cumplir con la Ley 31520 y, de este modo, mantener en el cargo, de manera fraudulenta, al actual Consejo Directivo de la Sunedu.
Este pacto entre Otárola y la Sunedu buscaría hallar una fórmula para burlar la Ley vía un reglamento y mantener el actual reinado caviar en la entidad cuyos miembros se atornillan a los cargos, pues resulta una generosa fuente de ingresos y también porque saben que un cambio de administración destapará una serie de irregularidades cometidas durante tres gobiernos (Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo), quienes tuvieron a su disposición a la Sunedu, como lo ha venido denunciando EXPRESO en ediciones pasadas.
Lobby caviar a la vista
No es la primera vez que el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, recurre al poder político para tratar de traerse abajo esta Ley. El 5 de febrero de 2022, cuando la Ley 31520 era apenas un proyecto, Zegarra se reunió con Rosendo Serna, entonces ministro de Educación de Pedro Castillo, para que el Gobierno no permita la dación de la citada Ley. Textualmente, el jefe de la Sunedu dijo: «He conversado detenidamente sobre el tema y espero que en la próxima reunión del Consejo de Ministros se tome una decisión en torno a la Ley Universitaria y la propia Superintendencia».
También es público que hace muy poco, el 23 de diciembre pasado, Zegarra se acercó a Palacio de Gobierno en compañía de la congresista Flor Pablo —activa defensora de la Sunedu— para solicitar a la presidenta Boluarte que se impida la ejecución de la Ley 31520 o se retire del cargo al ministro de Educación Óscar Becerra, por haber declarado que «al Ejecutivo solo le queda cumplir con el fallo del Tribunal Constitucional, porque ha dictado una sentencia y nosotros no tenemos por qué discutir ni el origen, porque es legítimo, ni la calidad de la norma. Solo nos queda cumplirla».
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A raíz de esta declaración, Otárola días después, el 9 de enero, puso fuera de juego al ministro de Educación y dijo ante el Congreso que el tema Sunedu pasaba a ser centralizado desde la PCM y se tendría que hacer un reglamento. Dos anuncios ilegales y un público desacato al Tribunal Constitucional.
Otárola pretende legislar a través de un reglamento y así variar el contenido de una Ley que ya fue aprobada por el Congreso y refrendada por el Tribunal Constitucional. El objetivo es meter de contrabando, vía reglamento, normas que permitan la continuidad del actual Consejo Directivo de la Sunedu.
Otárola no tiene facultades para hacer eso. Cualquier acción que tome será nula. Pero esto nos lleva a una pregunta que tiene un lado más oscuro. ¿Por qué el primer ministro Otárola decidió convertirse en el nuevo operador de la Sunedu?
Sunedu morada
La conclusión es evidente hasta para un ciego: la Sunedu se convirtió en un ente politizado y los miembros de su actual Consejo Directivo responden a criterios políticos vinculados al Partido Morado y obviamente a la congresista Flor Pablo.
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