Alejandro Soto defiende su derecho a asistencia legal: «No hay nada inconstitucional»

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, respondido a las críticas generadas por su solicitud de cobertura de defensa legal en la investigación que le sigue la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, por lo que afirmó enfático: "Es mi derecho, no hay nada inconstitucional".

Según el titular del Parlamento, la Ley del Servicio Civil (Ley 30057) respalda su solicitud, permitiendo a los funcionarios públicos contar con asesoría legal a cargo de los recursos de la entidad para su defensa. Además, destacó que la misma ley establece que, en caso de demostrarse responsabilidad al finalizar el proceso, los solicitantes deben reembolsar el monto utilizado.

Al abordar las críticas sobre el desembolso de 70 mil soles para su defensa, Soto recordó que el proceso se ajustó a las normativas internas del Congreso de la República, específicamente al artículo 87 del Reglamento Interno de Trabajo.

La asignación del servicio de asesoría legal se realizó conforme lo establecido en el Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (Seace), donde se presentaron las ofertas y se adjudicó el servicio.

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La solicitud de defensa legal de Soto surge en el contexto de la investigación por presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico, relacionados con su supuesta participación en una organización criminal liderada por Patricia Benavides.

Sin embargo, Soto señaló que la investigación está vinculada al ejercicio de sus funciones como legislador y no precede a su asunción como presidente del Congreso.

Como es público, el exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, mencionó en su testimonio que Soto habría priorizado en la agenda del Pleno la moción para investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a cambio de que se archive la investigación en su contra por la 'Fábrica de Trolls'. Sin embargo, Soto no quiso hacer comentarios sobre la diligencia en sí, argumentando que debe responder ante el fuero respectivo.

Además de Soto, otros congresistas también han solicitado y accedido a la cobertura de su defensa legal por parte del Congreso de la República, en el marco de la misma investigación.

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