Antauro Humala en carrera por fallo que pone en apuros al Jurado Nacional de Elecciones
Inscribir un partido es mucho más que registrar un auto, afirma experto en temas electorales.
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La Ley de Organizaciones Políticas prevé un procedimiento para declarar la ilegalidad de un partido político por conducta antidemocrática.
Si bien no hay cláusulas específicas como exigencia, el JNE pudo ir más allá que al simple cumplimiento de los requisitos legales, como ocurrió con el partido de Antauro Humala.
"El JNE no puede ser un mero revisor de las resoluciones del Registro de Organizaciones Politicas", expresó hace dos meses a RPP, Fernando Velezmoro, ex directivo de la ONPE.
En efecto, el Jurado es el tribunal electoral por excelencia que debió prever o advertir alguna actuación antidemocrática en los discursos incendiarios del fundador de la organización política 'Antauro'. Este partido fue finalmente inscrito en septiembre pasado tal como ocurre cuando se registra un vehículo o una propiedad.
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Por su pusilánime desempeño, el JNE y su presidente Jorge Luis Salas Arenas han sido blanco de durísimas críticas. La presencia de Antauro Humala en el escenario electoral representa un grave riesgo para la estabilidad democrática.
Antauro fue condenado por homicidio, secuestro agravado, arrebato de arma de fuego y rebelión. En ningún momento mostró signos de arrepentimiento. Por el contrario, mantiene la prédica violentista y desafiante.
Responsable político
Frente a la delicada situación, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó la semana pasada una denuncia constitucional contra Jorge Salas como responsable político de la inscripción del partido etnocacerista.
En los fundamentos de su denuncia, Cavero acusó a Salas de cometer infracciones a la Constitución que merecen el antejuicio político y su destitución por el Congreso de la República.
El legislador de Avanza País añadió que Salas Arenas se valió de argumentos "formalistas e ingenuos" para avalar a una organización violenta "que reivindica en su discurso fusilar y reprimir a quien no esté de acuerdo".
Según la denuncia de Cavero, el presidente del JNE infringió los artículos 38, 51, 103, 178 y 181 de la Constitución; 2 y 5 de la Ley de Organizaciones Políticas; 3 de la Ley Orgánica del JNE; y 3 principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
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