Ante ligerezas de algunos «gremios» [Análisis]

Hasta el 7 de diciembre del año pasado que “gobernó” el inefable Pedro Castillo -hoy preso- hubo cerca de 250 ataques a la prensa, en distintas modalidades. En ese lapso de tiempo, el Colegio de Periodistas del Perú (CPP), cuyo decano es Ricardo Burgos Rojas publicó 110 comunicados, alertas y entrevistas rechazando las agresiones y afectaciones a la libertad de expresión y a la propia integridad de los periodistas.

Ante la vacancia de Castillo, constitucionalmente asumió la primera magistratura del país, Dina Boluarte, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, se entrevistó con ella para recordarle la pesada herencia y la imperiosa necesidad que su Gobierno marcara la diferencia con el defenestrado Castillo. Se exigió que se respete irrestrictamente la libertad de expresión y se proteja a los colegas que hacen trabajo de calle (reporteros y camarógrafos); inclusive el ente deontológico periodístico participó en otras reuniones con el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores Defensa e Interior.

En esas reuniones, el Colegio de Periodistas del Perú, como sucede en otros países, pidió la aplicación de un protocolo para garantizar la seguridad de los periodistas y se acordó nombrar una comisión integrada por los ministros del Interior, de Defensa, de Salud y el de Justicia y Derechos Humanos y el alto mando policial, por los gremios periodísticos, el Colegio de Periodistas del Perú, el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. En el camino, tras dos meses de trabajo, se retiró el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

Hace pocos días se acaba de publicar en las Normas Legales del diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial No. 0277-2023-IN del proyecto de "Protocolo de Actuación Interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público", del proyecto de Decreto Supremo que lo aprueba y de su exposición de motivos, en el Portal Institucional del Ministerio del Interior.

Como un resorte y de manera ipso facto, pero sobre todo mezquina, se pretende injustamente encontrarle otra finalidad y aducen en su delirio que el documento busca controlar a la prensa, semejante barbaridad que solo cabe en mentes obnubiladas o fanáticas.

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Las críticas sin sentido, parten de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) -entidad que coqueteó con el delincuente Castillo- y el instituto Prensa y Sociedad (Ipys) que se negaron a participar.

Lo que sí ha habido, es un apresuramiento de los burócratas del ministerio del Interior al publicar la norma, cuando todavía debían de esperarse las conclusiones finales de los gremios, entre ellos del propio Colegio de Periodistas del Perú, pero ese hecho no invalida los buenos propósitos emprendidos.

La norma específica que hay un plazo de 10 días para añadir observaciones, sugerencias o recomendaciones institucionales o personales al referido protocolo, como queda claramente especificado otra finalidad ni hay ni existe, ni puede haber.

El Colegio de Periodistas del Perú viene batallando con comunicados, pero… hay que dar un paso adicional para asegurar la seguridad de los propios periodistas frente a los manifestantes, vándalos y la propia PNP.

También ha intervenido la UNESCO, quien ha presentado sus reparos porque el protocolo no considera sus observaciones, por lo que la Orden deontológica apoyará la posición de la UNESCO.

Lo qué si no podemos aceptar, permitir y consentir es quedar como tontos útiles o víctimas de aquellos sujetos que usurpan nuestra profesión y que se ganan la vida como periodistas, sin serlos.

El Colegio de Periodistas del Perú no es una institución política como la Asociación Nacional de Periodistas o el Instituto Prensa y Sociedad que es un clubcito de gente que se pretenden presentar como la reserva moral de nuestra profesión de periodistas.

(Por Alfredo Vignolo)

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