Benji Espinoza y su singular posición

Defensa legal del presidente tiene en claro la posición del Ministerio Público.


Por C. Alfredo Vignolo G. del V.

Las investigaciones abiertas por el Ministerio Público (MP) en contra del presidente Castillo son ilegales e inconstitucionales, afirmó el abogado del mandatario Benji Espinoza.

Indicó que como defensa legal del jefe de Estado tiene en claro la posición del Ministerio Público (MP), que a su entender, abrirá investigaciones cuantas veces considere necesario, «tenga razón o no»; e indicó que no es posible que se creen organizaciones criminales a través de carpetas fiscales.

«(Las investigaciones del Ministerio Público) no son legales, porque el Código Procesal Penal no lo permite, además, la ley ordinaria no lo reconoce ni lo posibilita; y son inconstitucionales porque acá, a través de un juego de palabras sobre el Artículo 117 de la Constitución, respecto a que no puede ser acusado pero si investigado», indicó en Canal N.

Sin embargo, explicó que quienes hacen esta interpretación se olvidan que los poderes públicos «solo pueden hacer lo que taxativamente se les dice».

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«O sea, esa lógica de que lo que no está prohibido está permitido solo aplica para las personas, eso se llama inmunidad de coacción y no aplica para los poderes públicos», añadió.

Asimismo, explicó que tampoco podría pedirse una suspensión del presidente de la República, debido a que la ley tampoco lo permite; pues el Código Procesal Penal indica que cualquier funcionario puede ser suspendido temporalmente cuando hay una investigación; «salvo aquellos cargos cuyo mandato proviene de mandato popular».

Además, el también abogado de la primera Dama, Lilia Paredes, refirió que si se pide una detención preliminar de su defendida se estaría cometiendo un prevaricato, pues esta tiene absoluto arraigo y no pretende fugarse.

¿Qué dice el Artículo 117?

El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

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