Blindaje supremo al expresidente
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Por lo menos en nueve ocasiones Martín Vizcarra ha eludido la acción de la justicia, gracias a acciones y omisiones del Ministerio Público. Esto empezó cuando se supo que reemplazaría a Pedro Pablo Kuzcynski como presidente de la República.

En marzo de 2018, días antes de que entrara a Palacio de Gobierno, Sánchez lo retiró del caso del aeropuerto Chinchero, donde, como ministro de Transportes, habría presionado en la firma de una adenda del contrato para financiar el proyecto y lo administrara una empresa chilena. Bajo la gestión de Pedro Chávarry, se derivaron nuevos indicios a la fiscal Zoila Sueno, quien en el 2019 elevó un informe a Ávalos. Esta decidió archivar ese extremo de las pesquisas.

En julio de 2018, el portal Gato Encerrado difundió un audio donde Walter Ríos mencionaba que Vizcarra se reunía con Antonio Camayo y los “Cuellos Blancos”, pero ni Sandra Castro ni Rocío Sánchez elevaron informe alguno a sus superiores entonces.

El vacado negó, en enero de 2019, que su empresa familiar haya trabajado para Odebrecht, cuando sí lo había hecho vía el Consorcio Interoceánica Sur, donde los brasileños tenían 70 % de acciones. No se inició investigación.

Ese mismo año, la Fiscalía Anticorrupción de Tacna lo citó para que declarara como testigo por el caso “Saqueadores de Ilabaya”, donde su hermano César Vizcarra habría ganado millones por servicios fantasmas al Estado. Nunca acudió a apoyar las investigaciones, ni se realizó queja alguna.

En octubre último, Ávalos decidió no investigarlo por el caso Richard Swing mientras fuera presidente, pero luego de la vacancia, no se sabe de diligencias con él.

El 2020, los fiscales Walter Ríos y Germán Juárez investigaban a Vizcarra y decían que tenían todas las pruebas, en los casos “represa Chirimayuni” y “Club de la Construcción”. Hasta ahora nada.

Finalmente, en un audio difundido el martes, dos investigados en el caso “Cuellos Blancos” comentan: “nos conviene que entre Vizcarra”. Los fiscales han optado por el silencio.

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