Blume sobre caso Keiko: «Pueden haber intervenido cien o doscientos jueces, pero no fueron rigurosos»
(Foto: Eric Campos/EXPRESO)
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El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, quien se expresó a favor en su ponencia de conceder el hábeas corpus para dejar sin efecto la prisión preventiva que afrontaba Keiko Fujimori, defendió la decisión que adoptó -por mayoría- el máximo intérprete de la Carta Magna.

Frente a las críticas de cierta prensa acerca de que el TC habría pasado por encima de 14 jueces para excarcelar a Fujimori Higuchi, Blume resaltó que «el hecho de que hayan intervenido un juez de primera instancia, tres jueces de segunda instancia y seis jueces supremos, no convalida la constitucionalidad» de la cárcel provisional.

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«Cantidad no significa certeza, ni necesariamente justicia. Pueden haber intervenido cien o doscientos jueces, pero que no fueron rigurosos en el cumplimiento de los requisitos establecidos», expresó el magistrado en entrevista con el diario El Comercio.

El titular del TC subrayó que, en el caso de la lideresa de Fuerza Popular, «no observamos que haya habido un escrupuloso respeto a la presunción de inocencia, no observamos que haya habido un escrupuloso respeto a la debida motivación de las resoluciones judiciales».

Ello, explicó, debido a que se consideró que porque Keiko Fujimori «era lideresa de una organización política ya había elementos suficientes para acreditar la obstaculización, cuando del análisis que hemos hecho concluimos que no existe ningún elemento de convicción corroborado que la vincule directamente con los actos de obstrucción de la justicia».

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El último lunes, los tribunos Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos votaron a favor de la liberación de Fujimori Higuchi; mientras que Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma se manifestaron en contra.

La lideresa «naranja» afrontará ahora en libertad la investigación fiscal que se le sigue por el supuesto delitos de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal, en marco de los aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral del 2011.

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