Canciller Javier González-Olaechea critica a embajadas extranjeras ‘injerencistas’ por ley que fiscaliza a las ONG

Enfatiza que Perú no interviene en asuntos legislativos de otros países.


Javier González-Olaechea, canciller del Perú, criticó la reciente ‘preocupación’ expresada por las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y países de la Unión Europea respecto al proyecto de ley que busca fortalecer la supervisión y fiscalización de las ONG por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

En una entrevista radial, González-Olaechea calificó de “tono injerencista” la opinión de estas embajadas. Subrayó que la Nación respeta las normas de otros países y no interviene en sus asuntos legislativos, poniendo como ejemplo la posición de la embajada peruana en Italia.

“Si se produjera, supongamos… vamos a decir un país que no ha firmado, en Italia, bueno la embajada del Perú en Italia no tiene nada que opinar respecto a lo que se debata en la cámara de diputados o en el senado italiano. Pero yendo al fondo, lo que sí sé, y tenemos informes al respecto en Cancillería, es que los dispositivos que estaría considerando este anteproyecto copia, por así decirlo, normas que existen en varios países para los fines de registro y control porque en cualquier país del mundo las autoridades deben saber de dónde vienen los fondos extranjeros, ¿cuándo vienen?, ¿quiénes lo reciben y con qué finalidad?“, dijo.

Aunque el canciller admitió no conocer en detalle el contenido del proyecto de ley, afirmó que este se basa en normativas de otros países para implementar controles similares. Destacó la importancia de que las autoridades peruanas conozcan la procedencia, recepción y uso de fondos extranjeros por parte de las ONG.

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González-Olaechea mencionó que, históricamente, algunas ONG en el Perú han estado involucradas en activismo político. Citó el caso del proyecto Runasur, señalando que recibió apoyo financiero extranjero con el propósito de “dividir” el territorio peruano junto con Bolivia.

El canciller defendió la necesidad de registros y controles, argumentando que estos existen en numerosos países. La polémica surge en un contexto donde la supervisión de las ONG es un tema delicado. Las opiniones de las embajadas se interpretan como un intento de influir en las decisiones internas del Perú, algo que González-Olaechea rechazó enfáticamente.

La declaración de González-Olaechea se produce en medio de un debate sobre el papel y la regulación de las ONG en el país, subrayando la necesidad de transparencia y control en la recepción de fondos internacionales.

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