Cancillería: Resolución 009 sigue plenamente vigente
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A través de una comunicación escrita, el Ministerio de Relaciones Exteriores negó la denunciada intencionalidad política en lo referido al pago de la Compensación de Tiempo de Servicio de los embajadores que fueron cesados en 1992 y recalca que “el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple con aplicar estrictamente bajo el principio de legalidad las normas vigentes en esta materia”.

“No existe ninguna transgresión o vulneración de los derechos laborales de los funcionarios diplomáticos cesados en el año 1992, como es el caso del Embajador (r) Guillermo José Miguel Russo Checa, siendo que los mismos han sido reconocidos plenamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores con apego estricto a la legalidad y al ejercicio legítimo del poder”, indica.

El Ministerio también reiteró que la Resolución Directoral 009-1993 está vigente y no ha sido declarada nula ni administrativa ni judicialmente.

Señala de igual modo que la ley “no permite que se efectúe el doble pago de la CTS por el mismo periodo laborado en una entidad pública, tampoco resulta posible efectuar pagos adelantados o parciales de la CTS a los servidores públicos, salvo disposición legal (especial) o mandato judicial en contrario”.

Explica también que todos los actos administrativos de los órganos de apoyo y de asesoramiento de la Cancillería, en relación con las CTS, a favor de los funcionarios diplomáticos cesados en el año 1992, se han sustentado en la normativa vigente y aplicable sobre la materia, así como en la observancia irrestricta de las opiniones legales institucionales del MRE.

Cuando se les consultó sobre la función cumplida por los exministros Ricardo Luna y Néstor Popolizio, así como por el exvicecanciller Hugo de Zela, el exjefe de gabinete del ministro, José Boza, y el actual vicecanciller Manuel Talavera, señalan que “el actuar de los funcionarios diplomáticos se efectúa sobre la base de normas permisivas, con respeto irrestricto – entre otros pilares- del Principio de Legalidad y del Principio del Ejercicio Legítimo del Poder; esto es, con apego a la Constitución, la Ley y al derecho”.

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