Caso cocteles: Mamarracho saneado a punta de fe de erratas

Una metáfora para explicar lo que ha sucedido en la etapa de “control formal” con la acusación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori y otros 41 imputados por el caso Cócteles (donaciones de campañas electorales del 2011 y 2016) sería como imaginar el trance que pasa un alumno al aprobar un examen cuando “pasa por agua caliente”. En el caso que nos ocupa el alumno sería el fiscal José Domingo Pérez y el profesor que derrama tolerancia sería el juez de control Víctor Raúl Zúñiga.

Porque la nueva versión de la acusación (quinta subsanación) fue aprobada “por cansancio” por el juez Zúñiga que dio por terminada la etapa del “control formal de la acusación”, pasando el documento plagado de errores y omisiones a la siguiente etapa, tanto que al expediente principal se le tuvo que agregar no una, sino dos ‘fe de erratas’. Increíble.

Y, casi al final de la audiencia, en la hora nona, el fiscal –“el acusador de moda” del verano del 2017- retiró una serie de cargos penales (circunstancias fácticas) a nueve acusados. Quitándole varios dientes a su acusación. Por ejemplo: a Jorge Trelles, Augusto Bedoya, Antonieta Gutiérrez, José Chlimper y Cecilia Matsuno se les retira el cargo de lavado de activos, a Adriana Martínez, crimen organizado, a Carmela Paucará y Ericka Yoshiyama, obstrucción de la justicia, y a Rafael Herrera, falsa declaración.

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Otro gran error que persiste en la acusación es que tampoco se precisa la “temporalidad”, es decir, no se consigna con fidelidad el momento (y la ubicación) en que se habría efectuado el delito imputado. De Ripley.

Así las cosas, el expediente de marras, trastabillando y preñado de nulidades, logró saltar de la etapa de control formal a la siguiente etapa de “control material” donde se ven las cuestiones de fondo de los delitos, fase que se iniciará el jueves 1 de septiembre. Y si el mamotreto, enyesado y con muletas, continúa caminando sin contratiempos, accederá a la etapa de “control probatorio”, en donde se verificarán y analizarán los elementos de convicción (pruebas) y testimonios incluidos. Además, falta que el juez ordene el inicio del “control de la pretensión civil”, momento en que la Procuraduría fija el pedido de indemnización.

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