Caso Martín Vizcarra: la inhabilitación como sanción política
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Por Luis Lamas Puccio

La propuesta aprobada por mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento recomienda inhabilitar por 10 años al exmandatario Martín Vizcarra Cornejo para el ejercicio de cualquier cargo o función pública. Igual y parecida sanción se propone en los casos de las exministras de Salud y Relaciones Exteriores, con 8 y un año como parte de una propuesta unitaria.

Se trata de sancionar políticamente la falta de veracidad, al haber brindado declaraciones falsas o tergiversadas relacionadas a la inoculación subrepticia u oculta de vacunas contra la covid-19, y que fueron donadas por un laboratorio extranjero que negocia con el actual gobierno una compra significativa de las mismas vacunas. El sustento de la denuncia no solo se refiere a la falta de veracidad o las mentiras de aquellos que son objeto de inhabilitación, sino que dichas actitudes por parte de altos funcionarios implican infringir derechos constitucionales, como el derecho a la igualdad, a la salud, a la transparencia, al correcto manejo de recursos públicos y en última instancia el derecho mismo a la verdad.

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Una de las funciones más importantes de los parlamentarios es el control político de las actividades que desempeñan funcionarios de alto nivel. Les corresponde a los congresistas investigar y, si el caso lo amerita, acusar funcionarios por la comisión de delitos. También inhabilitar a un funcionario público por haber infringido principios señalados en la Constitución. Ambas actividades, el antejuicio y la inhabilitación, se complementan como parte de una actitud congresal e indistinta en beneficio de bienes y de la misma democracia.

Si bien la inhabilitación es una sanción política con efectos prácticos de prohibición y suspensión, tal decisión no está libre de criterios de razonabilidad, proporcionalidad y justificación. El congresista que emite un voto está en libertad de considerar válidas sus propias razones, apreciaciones y argumentos siempre que sean lógicos y conducentes. La inhabilitación, como decisión política, no está exenta de razones claras, precisas y objetivas que son las que justifican su proceder. Las causas que la motivan deben ser reales y con pruebas conducentes y demostrables: son testimonios verídicos y válidos que describen circunstancias o actitudes sobre cómo se articularon hechos o decisiones.

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