Caso Procuraduría: Soria no puede continuar en su cargo
Congresista Muñante exige su destitución. Contraloría había advertido que funcionario no cumple con requisitos de ley
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El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) señaló que, al ser la Procuraduría del Estado una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, corresponde al Poder Ejecutivo proceder con la destitución de Daniel Soria, en vista de que no cumple con los requisitos para estar al frente de dicha institución.
También cuestionó las declaraciones del funcionario en respuesta al informe de Contraloría que revela sus irregularidades, y aseguró que se busca crear una justificación para defenderse de su falta grave.
“Es una narrativa política que está intentando utilizar Soria. Es tan fácil demostrar con documentos si un funcionario cumple con la idoneidad para el cargo que ocupa”, señaló.
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Finalmente, Muñante remarcó que no se pueden permitir más casos de funcionarios como Soria, que ocupen cargos importantes en el Estado sin cumplir con lo requerido para ello.
Sobre la presunta falta de idoneidad para estar al frente de la Procuraduría General del Estado, el aludido respondió a este documento atribuyéndole fines políticos.
“La emisión de este informe me da todo el derecho a sospechar por el trabajo que estamos haciendo en la Procuraduría, no solo por el caso de la presidenta Dina Boluarte, sino en otras denuncias. Tenemos registrados 80 casos en la Unidad Funcional, que ve temas de altos funcionarios (…) entre congresistas, el defensor del Pueblo, etc.”, sostuvo.
En esa misma línea, el procurador aseguró que era un tema ya zanjado incluso en el Poder Judicial. Y recordó que Jorge Antonio Llamoctanta Trejo y José Carlos Guerrero Flores, autores del documento en su contra, fueron los mismos que presentaron un informe anterior en su contra cuando Aníbal Torres era titular del Ministerio de Justicia, solicitándole que lo destituyeran del cargo, hecho que finalmente no sucedió.
El problema es que entre los requisitos de ley eran no menos de 10 años de experiencia profesional, y obviamente seis o más años en experiencia específica, o en materia penal y en la defensa del Estado, lo que no puede ser suplido con trabajos administrativos en la Pontificia Universidad Católica y la Defensoria del Pueblo.
Por Wilber Torres
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