Castillo puede ser suspendido, según informe de Fiscalización

Se necesitan 65 votos en el pleno del Parlamento Nacional.

Por C. Alfredo Vignolo G. del V.

La acusación contra Castillo seguirá el trámite regular en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. Para una probable inhabilitación y/o suspensión de la primera magistratura del país, se necesitan 65 votos en el pleno del Parlamento Nacional.

Las posibilidades de que Castillo no pueda ejercer el cargo debido a las flagrantes y múltiples acusaciones durante su gestión, cada vez son más reales.

El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, aprobado el jueves último, que recomienda acusarlo constitucionalmente, abre las puertas a una eventual suspensión, destitución o inhabilitación tal cual lo establece la Constitución Política y el reglamento del Legislativo.

El informe final congresal recomienda acusar constitucionalmente a Castillo por los casos Puente Tarata III, injerencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas y la vivienda de Sarratea, en Breña.

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Además, plantea remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, así como por infracción a los incisos 1, 3, 4 y 8 del artículo 118 de la Carta Magna.

Obra en poder de la Mesa Directiva del Congreso de la República, para que el tema sea agendado en la próxima sesión del pleno, el cual concluye indefectiblemente este viernes 8 de julio.

El pleno tiene que aprobar el informe final y seguir su curso, para eso bastan 66 votos, si se logra un resultado positivo, se presentará una denuncia constitucional contra Castillo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se sigue el procedimiento estipulado en el Reglamento del Congreso, que tiene rango de ley.

Es decir, se tendrá que determinar si procede o no la denuncia, otorgar un plazo para hacer la investigación (15 días) y la elaboración de un informe final, que puede recomendar archivar la denuncia o suspenderlo y/o inhabilitarlo.

De elegir el último camino, el informe se eleva a la Comisión Permanente para su aprobación, se agenda en el pleno para su votación final.

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Son 55 votos para una acusación constitucional y 65 votos para la suspensión y/o destitución. Para una sanción al mandatario se necesitarán 60 votos, sin embargo, solo serán 50 votos para aprobar una acusación en su contra.

Sobre Castillo existe una denuncia constitucional pendiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por el delito de traición a la patria. Su proceso se encuentra entrampado en la etapa de audiencias, una anterior para concluir la elaboración del informe final.

El 3 de junio último la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó y decidió que se iba a convocar a testigos, ha pasado casi un mes y nada.

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