CIDH: desbaratan argumentos del informe sobre protestas en Perú

Analista política Daniela Ibáñez identificó varios datos que no coinciden con la realidad.


El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la ola de protestas violentas en Perú sigue generando reacciones. Ahora la analista política Daniela Ibáñez tomó la palabra.

La especialista encontró en el material seis frentes que no coinciden con la realidad. Uno, por ejemplo, está referido a Pedro Castillo, a quien señalan como maestro de las zonas rurales proveniente del sector político tradicional. Al respecto, dijo que este “no ejercía su profesión hace 8 años, dado que se encontraba en licencias continuas para actuar como sindicalista”. Asimismo, hizo hincapié en que solo lideró la huelga magisterial de 2017.

Luego, apuntó contra la supuesta crispación generada por el Congreso cuando no le daban su venia a algunos elementos del gabinete ministerial. Sobre esto, precisó lo siguiente: “Existían razones muy legítimas para censurar a varios ministros. Es el caso de Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones que se fugó a Venezuela y de Geiner Alvarado, sindicado como uno de los cabecillas de la organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda”.

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También desmintió la versión de la CIDH respecto a que las protestas fueron por “los agravios sociales y rezagos económicos de la población del sur”. Aseguró que estas manifestaciones fueron para reponer al golpista, apoyar su quiebre del Estado, exigir una asamblea constituyente, un adelanto de elecciones, la renuncia de Dina Boluarte, entre otras razones.

Aprovechó de igual forma para tumbar las supuestas consecuencias negativas del modelo económico. “Entre 1997 y 2021, el Índice de Gini en Perú se ha reducido más de 10 puntos”, escribió. “Según un estudio de IEP con OXFAM de 2022, el 70 % de la población originaria y afroperuana dice tener una ocupación remunerada. Este número es mayor a otros grupos étnicos”, agregó.

De esta forma, Daniela Ibáñez expuso sobre el informe de la CIDH, que varias autoridades políticas han venido acusando de manera sesgada y solo con el objetivo de favorecer a Pedro Castilo.

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