Ciro Castillo y su amigo mochasueldo de la Diresa Callao: cobra 10% del sueldo de trabajadores

Francisco Vásquez Muñoz también es acusado por violencia de género.


Nuevamente el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, estaría metido en problemas por un allegado que junto a él trabajó en la Diresa de Áncash en 2017 y que ahora fue designado en la misma entidad, pero en el primer puerto. 

Se trata de Francisco Walter Vásquez Muñoz, abogado chimbotano de 54 años, quien en mayo del presente año fue designado en la Dirección Regional de Salud del Callao, específicamente como director ejecutivo de administración, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N°160.

No obstante, el amigo de Ciro Castillo antes de ser funcionario intentó ser vicegobernador regional de Áncash, por el partido Avanza País en las elecciones del año pasado, sin embargo, no lo logró.

De igual forma le pasó con el partido Victoria Nacional en el 2022 cuando intentó postular para ingresar al Congreso. Pareciera ser que su larga lista de delitos como colusión, tráfico de influencias y estafa no lo dejaron llegar al poder.

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¿Cómo una persona sindicada por diversos delitos que afectan la gestión pública y la moral pueden llegar a un puesto de suma importancia como es el sector salud? Pero no solo eso, según la investigación de Contracorriente estaría aprovechando su puesto para cobrar cupos.

Personal denuncia a amigo Ciro Castillo

Según señala extrabajador de la Dirección Regional de Salud del Callao, el nuevo y flamante director ejecutivo de administración de la Diresa Callao, al mismo estilo de mocha sueldos del Congreso, estaría cobrando el 10% del sueldo de sus trabajadores. Aquellos que no aceptan el recorte, son amenazados y hasta se los despide.

Asimismo, una trabajadora denunció violencia de género por parte del director y el administrador de la entidad. La misma fue documentada y admitida en la Fiscalía. La mujer supuso que esto se debió a la negativa de someterse a los intereses personales de otros, ello le costó su puesto.

A la denuncia por maltrato se suman informes de la Contraloría, los cuales observaron adjudicaciones de la entidad de salud entregadas en los últimos 4 meses. Una empresa ganadora de contratos no contó con los requerimientos necesarios para la labor indicada.

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