Código Penal con más de 700 modificaciones [ANÁLISIS]

Aunque resulte inverosímil señalarlo, e incluso poco o nada creíble para una nación como la nuestra, que sufre y vive todos los días los violentos embates de la delincuencia y la criminalidad en todas y cada una de sus formas, es oportuno resaltar, una vez más, como lo hemos manifestado en otras oportunidades, que hasta la fecha, conforme a las últimas modificaciones planteadas en la sede legislativa, nuestro Código Penal, columna vertebral de cualquier política de Estado para enfrentar el fenómeno del crimen, ha sido modificado en más de setecientas oportunidades desde que entró en vigencia en 1991.

Me refiero a un proyecto normativo serio que tenía por finalidad enfrentar de forma coherente y sistemática la criminalidad desde diferentes facetas.

Proyecto penal vejado

Hablamos de un proyecto más, como tantos otros, que no solo resultaron desaprovechados, desperdiciados y manoseados por la clase política a lo largo de todos estos años, sino que pone en evidencia, una vez más, que el problema en nuestro país no son las leyes, sino quienes gobiernan, que trastocan y perturban irresponsablemente las gestiones públicas, más con fines partidarios, sectarios o populistas que en la búsqueda seria del beneficio colectivo.

Me refiero a un marco legislativo fundamental para la convivencia social y la vigencia del Estado de derecho, que en lugar de ser apoyado y consolidado con el paso de los años, por el contrario, o mejor dicho, al revés, ha sido desnaturalizado en su esencia y sistemática, como parte de un accionar desquiciado, insensato y hasta irresponsable por parte de quienes se supone legislan y gobiernan para beneficio de la población y su futuro generacional.

Un proceder insano caracterizado por la constante modificación del Código Penal, a pesar de los calamitosos resultados frente a la criminalidad y el delito, que cada día va en aumento.

Modificaciones constantes

La frecuencia con que se presentan proyectos de ley para modificar el Código Penal en nuestro medio es impresionante, y no dudo de que represente un récord mundial como posiblemente no se ve en otra nación.

No solo se presentan infinidad de proyectos confusos, contradictorios, repetitivos y aparatosos, sino que las mismas modificaciones resultan alteradas otra vez, como si se tratara de cambiar una narrativa normativa por otra igual e incluso peor. Todos los meses aparecen nuevas ediciones de Códigos Penales en un vano intento de mantener informada a la población respecto a lo que está vigente, lo que ha sido derogado o lo que ha sido modificado.

Es un enrevesado universo legislativo que no solo resulta menos que imposible de cumplir, sino que, por el contrario, cada vez se muestra más ajeno a la realidad, generando una expectativa ciudadana falaz entre narrativa y elocuencia política, que lo único que logra es quitarle sentido de validez y respeto a la ley.

Clase política irresponsable

Si alguien es directamente culpable de este caos y desbarajuste normativo, son los políticos que nos gobiernan o los que nos gobernaron, como directos responsables de las centenares de modificaciones de las que ha sido y es objeto toda nuestra legislación penal.

La clase política, a través de los distintos gobiernos desde que se promulgó el Código Penal en 1991, siempre vio al Código Penal como una presa política apetecible para engañar a los ciudadanos y suscitar falsas expectativas. Una clase política más interesada en autoprotegerse y cubrirse, como es y ha sido la corrupción política, que en legislar de forma seria y responsable a la luz de lo que ya estaba establecido en el Código Penal.

Leyes antisistema

Un Código Penal es un sistema de control estructurado sobre la base de los principios que señala nuestra Constitución Política. Hablamos de un código que ha perdido toda coherencia a raíz de las constantes modificaciones a las que, sin mayores criterios, está siendo sometido, más con un sentido populista y de pura demagogia, suscitando expectativas ciudadanas que no se condicen con la realidad, como parte de un juego irresponsable entre narrativa legislativa e intereses políticos soterrados o encubiertos.

El sentido propio de la sanción penal ha perdido toda finalidad u objetivo como parte de una política de Estado totalmente errada y hasta engañosa, en razón de que se sanciona sin función, sin fines y menos aún con racionalidad respecto a los objetivos de la sanción penal. Los principios de la parte general ahora resultan incoherentes y contradictorios, no solo entre ellos mismos, sino también desligados de la parte especial, en donde se encuentran descritas las conductas que son objeto de calificación penal.

Existe una ausencia de sistematización, no solo porque no existen metas, fórmulas o coherencias legales o jurídicas, sino porque se legisla más con un sentido populista y político, hasta niveles irresponsables que exponen a la población frente a la criminalidad. Es una narrativa legislativa falsa que encierra un doble discurso o juego de palabras como parte de una secuencia discursiva que poco o nada tiene que ver con la realidad.

Resultados funestos

Sin perjuicio de que la lucha contra el crimen, antes que nada, requiere una política de Estado con metas y objetivos claros, el caos legislativo en materia penal imperante es un incentivo directo para que colapse toda la legislación penal como herramienta contra la delincuencia. Las evidencias son indiscutibles: la legislación penal, objeto de todas estas modificaciones, poco o nada ha servido para luchar contra el crimen.

Al contrario, los delitos han aumentado en los términos que todos conocemos, hasta haberse convertido en un problema de primer orden en desmedro de todos, sin excepciones. Un círculo vicioso entre aumento de la criminalidad, incumplimiento de la ley e inoperatividad de todo el sistema penal.

Ley penal desvalorizada

Son tantas las modificaciones que se han hecho y se siguen haciendo a la ley penal, que la misma norma ha perdido credibilidad como parte de una metodología inversa y contraproducente, que por el contrario ha hecho que crezca la delincuencia hasta convertirse en un problema de primer orden.

La incorporación de algunos delitos como crimen organizado, lavado de activos o el cohecho transnacional, por señalar algunos ejemplos, poco o nada ha servido para suscitar conciencia colectiva en la población y en las autoridades. Al contrario, su aumento, en términos cuantitativos y cualitativos, ha ido creciendo en condiciones cada vez más peligrosas y desestabilizadoras.

La pena de cadena perpetua y la reclusión extrema se han convertido en un aparente remedio y panacea ante la incapacidad de controlar el crimen y el delito. Me refiero a la necedad de quienes legislan de continuar modificando el Código Penal, como si en ello radicara el éxito en la lucha contra el crimen.

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