Comisión de Constitución del Congreso aprobó aumentar de siete a nueve los magistrados del TC
Nueva reforma busca enfrentar la creciente carga procesal del máximo intérprete constitucional.
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La Comisión de Constitución, liderada por Fernando Rospigliosi, aprobó con mayoría la reforma constitucional que incrementará de siete a nueve el número de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Esta medida fue presentada por el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, bajo el proyecto de ley N° 09350/2024-CR.
El respaldo al proyecto fue contundente: 20 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Según la propuesta, se modificará el artículo 201 de la Constitución para que el TC pase a estar integrado por nueve miembros. "El Tribunal Constitucional necesita fortalecer su capacidad operativa ante la creciente carga procesal", argumentó Muñante durante la sesión.
La exposición de motivos del proyecto destaca que, hasta 1993, el Tribunal de Garantías Constitucionales, antecesor del TC, contaba con nueve magistrados. Sin embargo, ese número se redujo en la Constitución vigente. En comparación internacional, se señala que los tribunales equivalentes en otros países suelen contar con más integrantes, lo que mejora su eficiencia.
Vale indicar que el problema de la carga procesal también fue central en el debate. El Tribunal Constitucional cerró 2022 con más de 5,000 casos pendientes y, actualmente, enfrenta un acumulado superior a 6,400 expedientes.
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"Este aumento permitirá no solo reducir los tiempos de resolución, sino también implementar tres salas con tres magistrados cada una, optimizando así el trabajo jurisdiccional", se precisó en el documento.
De aprobarse definitivamente, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, habilitando al Congreso para seleccionar a los nuevos magistrados. Los costos iniciales serán asumidos por el presupuesto institucional del TC, mientras que el Ejecutivo asignará recursos adicionales en el siguiente año fiscal.
La iniciativa también enfatizó su vínculo con la política de Estado N° 1 del Acuerdo Nacional, que promueve el fortalecimiento del régimen democrático y el acceso efectivo a la justicia.
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