Comisión de Descentralización aprueba requisitos mínimos para designación de altos funcionarios

Grupo de trabajo es encabezado por la parlamentaria Norma Yarrow.

La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que encabeza la parlamentaria Norma Yarrow, aprobó por mayoría un dictamen que establece requisitos mínimos que deben cumplir los servidores públicos de libre designación y remoción en la alta dirección del Estado.

En este proyecto se encuentran comprendidos los secretarios generales de ministerios, viceministros, gerentes generales o los que hagan las veces de organismos públicos del Ejecutivo y organismos constitucionalmente autónomos. Asimismo, los titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de los organismos públicos de dicho poder.

También, el proyecto alcanza los gerentes generales regionales, gerentes regionales o directores regionales de los gobiernos subnacionales, gerentes generales de gobiernos locales y provinciales, además de los gerentes municipales de distritos de más de 250 mil habitantes; dejando al reglamento de la ley los requisitos para los funcionarios antes mencionados de los distritos con menor población.

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Las condiciones mínimas para todos ellos están vinculados a la formación académica, exigiéndoles contar con título profesional, técnico o maestría y poseer experiencia profesional referida al puesto o cargo, la función o materia y trayectoria en el sector público.

Por otro lado, el dictamen establece como impedimentos para asumir los cargos antes mencionados los siguientes:

  • Tener sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.
  • Estar inhabilitados por mandato judicial para ejercer función pública.
  • Haber sido destituidos de la administración pública por falta muy grave; precisando que, en caso de iniciarse acción judicial contra dicho acto, el impedimento perdurará mientras la sanción no haya sido firmemente revertida por el Poder Judicial.

El grupo de trabajo busca garantizar que la alta dirección pública cuente con los estudios, experiencia y capacitación suficientes que les permita elevar sus estándares de calidad.

Adicionalmente, asegurar el desarrollo de un trabajo técnico profesional que se transforme en una adecuada función pública orientada al bienestar social y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

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