Eduardo Castillo: Ética contradice a juez y declara improcedente denuncia contra legislador
Congresistas declaran improcedente denuncia contra parlamentario, pero Poder Judicial ordena que no se acerque a agraviada.
La Comisión de Ética aprobó, por mayoría, declarar improcedente la denuncia de oficio contra el congresista de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, investigado por una presunta agresión psicológica a su esposa.
En marzo pasado, el ciudadano Fernando Tapia demandó a la delegación del Legislativo que investigue a Castillo Rivas por una presunta vulneración a las normas parlamentarias ante la publicación en un medio local sobre la denuncia de su cónyuge en una comisaría de Piura.
Los argumentos
El informe de calificación recomendó rechazar la denuncia pese a existir una medida de protección contra la víctima dictada por un juzgado de familia. De esta forma, la comisión lo aprobó con 13 votos a favor, solo estuvo en contra la legisladora Ruth Luque Ibarra, y no hubo abstención.
A favor se mostraron KaroI Paredes Fonseca, Arturo Alegría García, Luis Ángel Aragón Carreño, Rosangella Barbarán Reyes, Diego Alonso Bazán Calderón, Waldemar Cerrón Rojas, Flavio Cruz Mamaní, Nelcy Heidinger Ballesteros, Juan Lizarzaburu, Javier Padilla Romero, Kelly Portalatino Ávalos, Elías Varas Meléndez y Óscar Zea Choquechambi.
La comisión consideró que los hechos se encuentran dentro de la esfera personal y familiar de Castillo. Añadió que las partes se encuentran en proceso de divorcio por mutuo acuerdo y que se lleva en un clima de armonía.
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Por estas razones, no halló evidencia de una falta ética, pero sí un tema personal entre ambos el día de los hechos denunciados, pero que estos se solucionaron mediante una conciliación.
Por su parte, el abogado penalista Elio Riera señaló que es correcto que la Comisión de Ética haya declarado improcedente un procedimiento de oficio por violencia psicológica; sin embargo, cuestionó la decisión porque aún se mantiene una orden de protección a la víctima ordenada por un juzgado.
“Oportunamente, los integrantes de la comisión tendrán que justificar dicha decisión, la cual no compartimos. La conciliación entre las partes no es válida para los procesos de violencia psicológica”, declaró Riera.
Por Janet Leiva D.
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