Congresista Alejandro Muñante: “Ejecutivo comete error garrafal al observar ley de detención preliminar”
Vocero de Renovación Popular afirma que insistirá en la aprobación de la disposición observada.

Congresista Alejandro Muñante: “Ejecutivo comete error garrafal al observar ley de detención preliminar”.
El vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, calificó como un “error garrafal” la decisión del Poder Ejecutivo de observar la ley que restituye la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia.
Durante una declaración pública, el congresista expresó que esta medida evidencia una falta de compromiso en la lucha contra la criminalidad.
“Se están equivocando gravemente. Esto no constituye la creación de una figura legal nueva, sino la restitución de una herramienta que ya existía y que no enfrentaba demandas de inconstitucionalidad”, indicó Muñante, al recordar que la figura se encontraba regulada previamente en el Código Penal y el Código Procesal Penal.
El parlamentario también señaló que la reciente normativa mejora la redacción de los requisitos para evitar posibles abusos.
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“Hemos elevado el umbral para su aplicación, atendiendo a observaciones de jueces y fiscales sobre su uso indebido. Sin embargo, el anuncio de esta observación demuestra, en mi opinión, una falta de voluntad por parte del Ejecutivo para colaborar en el combate al crimen”, añadió.
Por otro lado, Muñante reafirmó que su bancada insistirá en la aprobación de esta ley en caso de que el Ejecutivo mantenga su posición.
“Si observan la norma, iremos por la insistencia. Existe un mecanismo más ágil que permitiría exonerarla de dictamen y votarla directamente en la Comisión Permanente. Creo que hay voluntad para ello”, declaró.
Vale precisar que el debate se intensificó luego de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmara que su cartera había identificado “observaciones técnicas” en la norma.
Según explicó el funcionario, la actual redacción permite aplicar la detención preliminar a delitos con penas menores a cinco años, lo que resulta contradictorio con los lineamientos del Código Penal.
“Proponemos reformular y perfeccionar el texto normativo para corregir estas inconsistencias”, manifestó Santiváñez.
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