Congreso acordó pagar abogados de parlamentarios investigados por la Fiscalía: ¿quiénes fueron los beneficiados?
La Mesa Directiva aprobó el financiamiento para la defensa de congresistas investigados por corrupción.
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Expreso accedió a informes en el que el Congreso de la República aprobó el Acuerdo N.° 151-2023-2024/MESA-CR, a inicios de julio, que autoriza el financiamiento para la defensa legal de varios congresistas y excongresistas que se encuentran bajo investigación fiscal.
El acuerdo estableció la contratación de defensa y asesoría legal para la congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero, quien enfrenta acusaciones por presunta comisión del delito de peculado. Según el acuerdo, si se demuestra su responsabilidad en el caso, deberá reembolsar el costo de la defensa legal proporcionada.
Además, el acuerdo contempla la contratación de defensa para el congresista Ilich Fredy López Ureña, quien también está bajo investigación preliminar por presuntos delitos de peculado. Al igual que en el caso de Alcarraz, si López es hallado responsable, deberá reembolsar los gastos de su defensa.
El excongresista Saleh Carlos Heresi Chicoma, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, también será beneficiado con esta medida. La provisión de defensa legal para Heresi está condicionada al reembolso de los gastos si se confirma su culpabilidad.
Por otro lado, el Acuerdo N.° 129-2023-2024/MESA-CR aprobó la contratación de defensa técnica y asesoría legal para los congresistas Patricia Rosa Chirinos Venegas y Luis Roberto Kamiche Morante.
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Chirinos se encuentra bajo investigación por presunta organización criminal, mientras que Kamiche está implicado en una investigación por patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Según refiere, este acuerdo se basa en las opiniones de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y en el artículo 2 de la Ley 30057, que asegura el derecho a asistencia legal para los funcionarios en el ejercicio pleno de sus funciones.
En ese marco, no solo sería Alejandro Soto quien solicitó al Congreso que financie su defensa legal en la investigación de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que involucra a Patricia Benavides como presunta líder de una organización criminal.
El parlamentario César Revilla también hizo una solicitud similar; sin embargo, Revilla es el único que pidió que su representación legal sea gestionada por el mismo estudio que defiende a Keiko Fujimori, líder de su partido.
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