Luis Gonzales Posada: “Congreso debe citar a Meza-Cuadra y Muñoz”
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El ex canciller Gonzales Posada demandó al Congreso de la República invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra, y a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, para que informen sobre la suscripción del Acuerdo de Escazú que, según dijo, podría prestarse a manipulaciones que pueden afectar el desarrollo de inversiones mineras, gasíferas, petroleras y de forestación, necesarias para el desarrollo del país.

“Con el agravante que en los casos de controversias quedaríamos sometidos a un tribunal supranacional”, advirtió.
Sostuvo que “los principios que consagra ese Tratado se encuentran en la Constitución y en las normas legales existentes en el país, marco jurídico que puede ampliarse o perfeccionarse modificando la Ley General del Ambiente, 28611, sin necesidad de pactar un acuerdo multilateral como el que se propone”.

El también ex presidente del Parlamento sostuvo que “con ese Tratado cedemos una competencia soberana del Estado, al establecer el derecho a la participación pública en la toma de decisiones, revisiones y autorizaciones ambientales desde el inicio del proceso y, además, el Tratado obliga que cuando se presenten reclamos contra el gobierno, por concesiones o infracciones, el propio gobierno deberá prestar a los querellantes asistencia técnica y jurídica gratuita”.

Acotó que los dispositivos que contiene el Tratado “afectan igualmente la soberanía de nuestros órganos de justicia porque estamos aceptando que las controversias se resuelvan en última y definitiva instancia en la Corte de Justicia de Naciones Unidas”, afirmó.

Gonzales Posada destacó que el Perú cuenta con más de 70 normas sobre la materia y nuestros tribunales pueden canalizar cualquier reclamo o denuncia, además de que contamos con organismos especializados como el Sistema Nacional de Certificación Ambiental y entidades estatales encargadas de brindar información, presentar denuncias, fiscalizar y aplicar justicia.

El ex canciller puso como ejemplo que “el año pasado el Poder Judicial anuló 111 resoluciones administrativas autorizando concesiones mineras en la selva amazónica, por no haber realizado la consulta previa a las comunidades Awajún y Wampis y también el Tribunal Constitucional emitió varias sentencias sobre temas medioambientales”, recordó.

De otro lado, subrayó que “el Perú es quizás el país más avanzado de la región porque cuenta con los ministerios del Ambiente y de Cultura, con un marco legal de más de 70 leyes o resoluciones gubernamentales normativas sobre la preservación de nuestros recursos naturales, para protegerlos de la contaminación o la destrucción, y nuestras comunidades tienen derecho a la información y a la consulta previa, por lo cual no entendemos por qué debemos involucrarnos en un tratado como el de Escazú, señaló.

Manifestó que “por esos temores de 22 países de América Latina y el Caribe adherentes al Tratado, firmado en Costa Rica en marzo de 2018, solo nueve lo han ratificado, cuando necesitan 11 más para que entre en vigor”, destacando que ningún país puede hacer reservas sobre ese instrumento internacional; es decir, debe aceptar la integridad de su texto.

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