Congreso delimita alcances de los delitos de lesa humanidad
Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por crímenes de esa naturaleza por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, indica la norma.
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Pese a la fuerte objeción de las bancadas de izquierda, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, favoreciendo a los policías y militares injustamente juzgados bajo esa figura legal.
Luego de casi tres horas de debate y en medio de altercados entre diversos sectores de congresistas, el dictamen fue aprobado con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones. Uno de sus autores, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), señaló que pedirá a la Mesa Directiva del Parlamento priorizar la segunda votación del texto sustitutorio antes del término de la legislatura.
La norma establece que el Estatuto de Roma entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, mientras que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo el 9 de noviembre de 2003. Además, plantea que los delitos cometidos antes de esas fechas prescriben según los plazos establecidos en la ley nacional.
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“Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a esa fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, indica el texto sustitutorio sometido a votación.
Fin de la persecución
La discusión del dictamen proveniente de la Comisión de Constitución inició con la sustentación del congresista Rospigliosi Capurro, quien señaló que la propuesta busca restaurar la legalidad en el Perú y poner fin a la persecución de policías y militares procesados injustamente hasta hoy.
“El proyecto tiene como finalidad restaurar la legalidad en el Perú, que ha sido violada impunemente por magistrados prevaricadores y politizados. Estos han utilizado criterios jurídicos inaplicables para perseguir y sentenciar injustamente a militares y policías que, en las décadas de 1980 y 1990, derrotaron al terrorismo y evitaron que esas hordas criminales esclavizaran a los peruanos y destruyeran el país”, indicó el legislador.
“Se acaba el negocio de las ONG”
Por su parte, José Cueto (Honor y Democracia), otro de los autores del proyecto de ley, afirmó que la norma reivindica a los militares y policías enjuiciados por delitos de lesa humanidad durante la época terrorista y acaba con el negocio de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que lucraban con el dolor de los miembros de las fuerzas del orden.
“El hecho de que este Congreso apruebe esta ley es una reivindicación y una forma de hacer justicia a todos los peruanos muertos, heridos y afectados por estos grupos terroristas, especialmente a policías y militares que defendieron al país. Ganamos la guerra militar, pero no la guerra política. Hoy estamos cambiando la historia; por fin pondremos fin a estos juicios eternos y a las ONG. Se tratará a los miembros de las fuerzas del orden como a cualquier otro peruano, con pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y sus derechos fundamentales; ya no serán tratados como ciudadanos de segunda categoría”, fundamentó.
Añadió que muchas ONG defensoras de terroristas, así como algunos jueces y fiscales, utilizando argumentos de la “mal llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación”, han intentado comparar a policías y militares con miembros de la Alemania nazi.
Enfrentamiento
Ruth Luque, legisladora de Cambio Democrático, sostuvo que el dictamen no era más que una “amnistía encubierta” en referencia al exmandatario Alberto Fujimori.
“Es una ley de amnistía y lo dice claramente el artículo 8, donde se plantea la irretroactividad de estos casos. Es una ley de amnistía para favorecer a violadores de derechos humanos que han sido condenados por el sistema de justicia peruano”, señaló la parlamentaria de izquierda.
Sigrid Bazán, también de Cambio Democrático, afirmó que el dictamen busca evitar que el expresidente Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos sean procesados por delitos de lesa humanidad.
“Es increíble que un congresista infle el pecho y se enorgullezca al leer la sentencia de su líder, sentencia que además lo culpa y lo hace responsable de un asesinato. Eso les enorgullece al otro lado del Hemiciclo y así ahora dicen que les preocupan los derechos humanos, cuando en realidad lo que les preocupa es una nueva ley de amnistía”, dijo Bazán refiriéndose a los congresistas de Fuerza Popular.
Aguinaga aclara
Minutos antes, el parlamentario fujimorista Alejandro Aguinaga aclaró que el exmandatario Alberto Fujimori no ha sido sentenciado por delitos de lesa humanidad.
“A mis colegas del frente, lo único que tengo que decirles es que la ignorancia es atrevida. Desconocen y no han leído lo que son las leyes. Dicen que Fujimori fue condenado por lesa humanidad; falso. Aquí está la sentencia y bien claro señala: ‘Este tribunal considera que la calificación declarativa de lesa humanidad no es condena’. Lo que pasa es que el Perú firmó el protocolo de Roma en 2002, y desde entonces se incluye en la legislación peruana el concepto de lesa humanidad, como debió haber sido en un país que se respeta soberanamente”, sostuvo.
El presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), pidió a la congresista Sigrid Bazán retirar sus palabras ya que el Pleno del Parlamento no trata leyes con nombre propio.
“Se ha venido a este pleno para tratar el tema de fondo, no de personas ni de nombres, porque los expositores que han sustentado el dictamen no han hecho mención a nombres. Por lo tanto, respetuosamente le pido que retire los nombres”, dijo Soto.
Sus intentos por calmar la situación no surtieron efecto, ya que la legisladora no cedió, por lo que Soto levantó momentáneamente la sesión y llamó a una Junta de Portavoces.
Momentos después, una vez reanudada la sesión, el parlamentario Waldemar Cerrón (Perú Libre) pidió una cuestión previa ya que, en su opinión, no era el momento de tocar un tema que dividía al Parlamento. Sin embargo, su pedido obtuvo 45 votos a favor, 53 en contra y 1 abstención, por lo que no fue aprobado.
Pide no generalizar
Otro militar en retiro que participó en el debate fue el parlamentario Roberto Chiabra (APP), quien recordó que los presidentes que gobernaron durante la época terrorista no fueron acusados de cometer el delito de lesa humanidad; por el contrario, combatieron el terrorismo.
“Con mucha ligereza todo se califica como delito de lesa humanidad. No negamos que han existido excesos individuales que no avalamos. Estuvimos en un gobierno democrático y las directivas salían del Ministerio de Defensa con aprobación del Consejo de Ministros y de los presidentes. Ni Fernando Belaunde, Alberto Fujimori ni Alan García han sido denunciados y sancionados por delitos de lesa humanidad. Cuando aplicamos la cadena de mando, lo hacemos del Comando Conjunto para abajo si estamos en democracia. Aquí no se va a liberar a nadie, lo que no se quiere es que se generalice”, precisó el legislador.
Fechas clave
Michelle Reyes Milk, por entonces coordinadora para las Américas de la Corte Penal Internacional (CPI), recordó en 2016, en Lima, tras 15 años de la ratificación de Estatuto de Roma (ER) por parte del Perú, es decir del instrumento constitutivo de la CPI, que efectivamente fue ratificado por el Estado peruano el 10 de noviembre de 2001 y entró en vigor desde el 1 de julio de 2002.
Antes de esta última fecha desde ningún punto de vista debió ser aplicado.
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