Congreso: detalles de proyecto que plantea pena de muerte para extorsionadores y sicarios
Señalada sentencia sería inviable.
Publicado:
El representante del Congreso, Wilson Soto, del partido Acción Popular, presentó un proyecto de ley que busca implementar la pena de muerte para extorsionadores y sicarios, como medida para enfrentar la creciente ola de delincuencia que afecta a Lima.
La propuesta, aún pendiente de debate en el Parlamento, contempla además la cadena perpetua como alternativa para quienes cometan secuestro o robo agravado. Este proyecto, conocido como Ley N.º 9041, también considera calificar estos delitos como actos terroristas, lo cual permitiría sancionarlos de manera más severa.
MÁS INFORMACIÓN: Congreso se niega a derogar ley que favorece a criminales, por decisión de Junta de Portavoces
Según Soto, la situación de inseguridad en el país amerita acciones drásticas. “Todos los días hay asesinatos, hay asaltos (…) si pensamos en las cortes internacionales que piensan más en estos delincuentes, ¿qué derechos humanos deben de tener ellos?”, declaró el congresista en una entrevista con Canal N, haciendo alusión a la necesidad de modificar la legislación vigente.
La aprobación del proyecto requeriría que el Perú se retire del Pacto de San José y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones que garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Más sobre la propuesta de pena de muerta en el Congreso
El documento presentado por el parlamentario incluye referencias a la aplicación de la pena de muerte en otros países, destacando el caso de naciones como Irán, Estados Unidos y China, donde este tipo de condena se ejecuta de manera frecuente. Soto sostiene que esta medida podría traer mayor seguridad al país. “En Vietnam nadie roba porque hay pena de muerte“, comentó.
Asimismo, el integrante del Congreso afirmó que una gran mayoría de los ciudadanos apoyaría esta iniciativa. “Si nosotros hacemos una encuesta, estoy seguro de que todos los peruanos pensarían lo mismo que yo”, aseguró.
Sin embargo, la propuesta causó controversia, ya que supondría una modificación a la Constitución de 1993 y contravendría tratados internacionales firmados por el Perú, como el Pacto de San José.
De ser debatida y eventualmente aprobada, la normativa plantearía un cambio significativo en el enfoque de la justicia peruana frente a delitos graves, pero también implicaría tensiones con organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Denuncian al premier Gustavo Adrianzén y a otros dos ministros por incendios forestales
Manuel Merino: “Fui víctima de un golpe de Estado caviar”
“Petroperú cuesta dos megapuertos”, sostiene Eduardo Salhuana
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
