Congreso propone proyecto de ley que «sanciona los errores judiciales y fiscales»

Katy Ugarte, de Perú Libre, propuso «lograr investigaciones efectivas» en casos de delitos de terrorismo, sicariato, tráfico ilícito de drogas, corrupción, feminicidio y otros.


La parlamentaria de Perú Libre, Katy Ugarte, presentó un cuestionado proyecto de ley que propone sancionar e incluso hasta destituir a los jueces del Poder Judicial y a los fiscales del Ministerio Público.

Sin embargo, con esta nueva iniciativa legislativa de Ugarte, que enfrenta una denuncia constitucional por el presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho, apuntaría a modificar las normas de la carrera judicial y fiscal.

El proyecto se presentó el lunes 10 de junio y no podría ser aprobado en esta legislatura que finaliza el sábado 15 de junio por la abultada agenda del Congreso, pese a que sesionará cuatro días seguidos, desde este martes 11 hasta el viernes 14, dado que incluye dictámenes, reformas constitucionales y la interpelación a 3 ministros de Estado.

Congreso propone “ley que sanciona los errores judiciales y fiscales” que liberen a criminales

La iniciativa legislativa de Katy Ugarte se denomina: “ley que sanciona que sanciona los errores judiciales y fiscales” por incurrir en una “falta muy grave” al liberar a presuntos criminales, tras haber sido capturados.

El PL tiene entre sus fundamentos el “llamado contundente” a los congresistas que hizo el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, “para que aprueben una ley que imponga sanciones severas e inhabilite a estos magistrados”, en referencia a quienes dejen libre a delincuentes.

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Fiscales y jueces que incurran en esta falta recibirían sanciones severas que van desde cuatro meses hasta seis meses e incluso llegarían a la destitución, en el caso de personas investigadas por terrorismo, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción de funcionarios, feminicidio, organización criminal.

La finalidad sería “lograr investigaciones efectivas por parte del Ministerio Público, y sanciones razonables para los delincuentes por parte del Poder Judicial”.

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