Crimen organizado y corrupción: entre 8 y 10 años para una sentencia

Solo la investigación preliminar puede durar hasta tres años, entre sospechas leves, presunciones y algunas pesquisas.

Por Luis Lamas Puccio

El célebre pensador y filósofo romano Séneca expresó en una oportunidad que «nada se parecía tanto a la injusticia como la justicia tardía», frase notoria que trascendió dentro del léxico jurídico popular a través de los años para pasar a convertirse en el hoy conocido dicho que señala que «justicia que tarda no es justicia».

Me refiero al tiempo que puede durar en nuestro medio un proceso penal, sobre todo cuando se trata de delitos relacionados con la corrupción política, el abuso del poder económico y el lavado de activos en el contexto de lo que hoy se define en la legislación nacional como criminalidad organizada.

Hablo de un plazo procesal en materia de justicia penal que podríamos catalogar como irracional, insensato, incongruente, antieconómico e incluso descabellado para un país como el nuestro que vive todo tipo de dilemas sociales, políticos, económicos e históricos.

Se trata del largo camino que hay que recorrer por parte de un justiciable para llegar en última instancia a la emisión por parte del órgano judicial de una sentencia absolutoria o condenatoria que pone fin al proceso penal, y que es lo que justifica no solo la intervención de la justicia como sistema de control, sino la propia razón de ser del mismo derecho como sistema de justicia.

Lea la nota completa en nuestra versión impresa o en nuestra versión digital, AQUÍ.

Mira más contenidos siguiéndonos en FacebookTwitter Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.