Débil testimonio de Graña impidió prisión de Nadine
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“Existen versiones contradictorias sobre la no participación de la empresa Graña y Montero en el proyecto GSP que terminó favoreciendo a Odebrecht”, consideró el juez de Investigación Preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena, en la resolución que rechaza la prisión preventiva presentiva de 36 meses para Nadine Heredia que había pedido la fiscal Geovana Mori.

Solo se impuso comparecencia con restricciones a la ex primera dama, así como a los exministros del régimen de Ollanta Humala, Luis Castilla y Eleodoro Mayorga.

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La integrante del equipo Lava Jato había presentado las versiones de los colaboradores eficaces José y Hernando Graña, respecto a que Jorge Barata les contó en el 2012 que Heredia los iba a favorecer con el contrato energético.
Mori pretendió corroborar lo vertido por el también empresario de las comunicaciones con el testimonio de su socio.

Al respecto, Sánchez Balbuena sostuvo que ello no se podría hacer porque debe existir una previa corroboración, y las declaraciones de los empresarios y el colaborador 03-2019 no prueban un pacto colusorio, sino que solo se tratarían de una “referencia” y no directa.

En ese sentido, indicó que quien deberá esclarecer la versión brindada por los colaboradores es el propio Barata, ya que una declaración no puede ser corroborada con otra declaración, sino con pruebas adicionales o documentarias.

De otro lado, el magistrado consideró que no existen elementos probatorios para sustentar que existe un probable peligro de fuga y discrepó con la fiscal Mori sobre el arraigo laboral de la ex primera dama, quien manifestó que actualmente se dedica a la fabricación de postres desde su casa.

Sánchez Balbuena acotó que, de acuerdo a la situación que se vive en los penales de Covid-19, respecto a que la decisión tomada sea excepcional, solo se podría imponer si ya había una justificación legal para la encarcelación.

La representante del Ministerio Público anunció que apelará la decisión, mientras que Jefferson Moreno, abogado de Heredia, dijo que están preocupados porque su patrocinada no tendría dinero para pagar la caución.

RESTRICCIONES

Los investigados deberán pagar una caución de S/ 50 mil, y cumplir con control biométrico cada 30 días.

Estarán impedidos de comunicarse entre sí, y con los testigos del caso, así como de viajar fuera de Lima sin permiso judicial.

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