Abusos hunden a Pérez y Concepción

Allanamiento a oficina de asesor de Chávarry fue un desorden total; fiscal se enteró que entraba en ambientes equivocados, pero igual se metió.

  • Fecha Miércoles 11 de Septiembre del 2019
  • Fecha 9:50 am



Una serie de aparentes negligencias en el allanamiento a oficinas de la Fiscalía de la Nación podrían costarle no solo sus puestos, sino incluso su libertad, a los polémicos José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho, ya que se declaró fundada una denuncia penal en su contra por abuso de autoridad.

A lo largo de 22 páginas, el Informe 04-2019-2oFSEDCFL-MP-FN de la magistrada Escarleth Laura Escalante, de la Segunda Fiscalía Superior especializada en delito de corrupción de funcionarios, solicita a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, iniciar investigación preliminar a los mediáticos magistrados.

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Como se recuerda, el 4 de enero de este año, Pérez dirigió un operativo a fin de ingresar en la oficina de Juan Manuel Duarte Castro, a la sazón asesor del entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Es entonces que se dan los hechos denunciados por el magistrado supremo.

En la sospecha del fiscal provincial estaba que Duarte era un nexo entre Chávarry y Fuerza Popular, clave para paralizar las investigaciones contra Keiko Fujimori y sus seguidores por aportes de Odebrecht a su campaña política del 2011.

Resulta que esta diligencia no había sido bien fundamentada, y ejecutada aún en peor manera, de acuerdo a lo precisado por Laura Escalante.

“A la fecha que el fiscal formuló requerimiento de allanamiento en cuestión, ya se había dispuesto la derivación de la noticia criminal al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales”, se señala en el punto 19 del informe.

¿Por qué el caso específico de las oficinas y la información que podían tener había pasado a otra instancia? Se tomó en cuenta que Chávarry, como fiscal supremo, solo puede ser investigado por un magistrado de igual nivel, como dice la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Al estar las oficinas de sus asesores en su mismo ambiente, se consideraba ya entonces que era necesaria una autorización especial para ingresar en este lugar.

Ni Pérez tomó en cuenta este importante punto a la hora de su pedido, ni Concepción Carhuancho cuando lo autorizó.

Ambos habían actuado coordinadamente el mismo día 4 de enero, sin distinguir que el caso “Cócteles” pertenece a una carpeta fiscal, y el caso de supuesto encubrimiento, a otra.

LO RECONOCEN

“Hechos que el mismo fiscal investigado reconoce que no tiene competencia para investigar, como son los supuestos actos de encubrimiento real y personal por parte del fiscal supremo”, detalla el informe elevado a Ávalos.

Para colmo, Pérez ni siquiera sabía qué oficina era de Duarte. En un primer momento, señaló a Concepción que era una del extremo sur del noveno piso cerca a los ascensores, pero luego presentó otro escrito diciendo que “al numerarlas serían la tercera y cuarta oficina”.

“Lo cual evidencia que el investigado no tenía la ubicación concreta de la oficina del asesor Duarte, por tal motivo indicó tres oficinas”, se advierte, citando como fuentes de la desorientación fiscal a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología.

Esto violaba flagrantemente el Código de Procedimientos Penales.

Si usted, amigo lector, no cree posible tanta desinformación en una diligencia del magistrado encargado del caso Lava Jato, tal vez el más importante en toda la historia del Perú, hágalo, porque la indagación a su allanamiento descubrió que no sabía en qué oficina debía hacerlo.

“Del acta de diligencia de allanamiento con descerraje y registro domiciliario, se advierte que el propio fiscal investigado tomó conocimiento de que las oficinas tercera y cuarta no correspondían a la oficina de trabajo del asesor Duarte, procediendo a solicitar al secretario general de la Fiscalía de la Nación, Aldo León, que precise a quiénes pertenecen los ambientes”, se comprueba en el informe de la fiscal Laura.

DOCTRINA SAN MARTÍN

La magistrada hace una detallada deconstrucción de los actos de Pérez y Concepción, incluso citando publicaciones de reconocidos y a la vez polémicos juristas como el juez supremo César San Martín Castro (Delito y Proceso Penal, nuevas perspectivas a circo instituciones penales, 2017) y Alonso Peña Cabrera (Delitos contra la administración pública, 2016).

Por cosas del destino, San Martín tuvo un audio con el corrupto Walter Ríos, donde lo presionaba para un trámite, y recientemente la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, archivó la investigación porque consideraba que no había tráfico de influencias.

Por su parte, Peña Cabrera había sido denunciado por el mismo Pérez, por una supuesta obstrucción a sus pesquisas en el caso Lava Jato. El tema fue cerrado hace unos días porque no había la más mínima prueba de su acusación.

Pero volviendo a los desaguisados de la dupla Pérez-Concepción, se indica que la disposición para el allanamiento solo menciona a los imputados y a los cargos penales. En ningún momento se incluyó en el documento previó algún hecho que conecte los actos de Chávarry o de Duarte con Keiko Fujimori.

Se desprende que, al autorizar el ingreso en un ambiente del cual no se tenía la ubicación exacta, de cuál era el que del exasesor, el juez de investigación preparatoria solo se basó en los partes policiales sin ningún control de los requisitos que establecen los procesos más simples.

¿Cómo se entiende que un solo asesor tenga tres oficinas, y que esta tesis haya sido adoptada por el funcionario del Poder Judicial?

Este último punto llevó a que Pedro Chávarry también denuncie por prevaricato a ambos magistrados, lo cual es un tema a resolver por parte de la Fiscalía Suprema Anticorrupción.

¿Se pronunciará la titular del Ministerio Público por declarar fundada la investigación, y pasar a la siguiente etapa del proceso, o actuará como hace con los personajes favorecidos por los operadores del Poder Ejecutivo?

ANTECEDENTES

Como es público, el caso empezó a comienzos de año como investigación preliminar en la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

En ese entonces, la resolución del 31 de enero de 2019 firmada por la fiscal superior Escarleth Laura Escalante, considera necesario investigar si es que en el allanamiento y descerraje que se llevó a cabo la noche del viernes 4 de enero se han respetado las prerrogativas constitucionales que tenía en aquel momento Pedro Chávarry como fiscal supremo y fiscal de la Nación.

Recordemos que lo anterior fue en atención a que el 21 de diciembre de 2018 se notificó al despacho de Chávarry que el fiscal Pérez lo había denunciado por el presunto delito contra la administración de justicia (encubrimiento personal y encubrimiento real) en la investigación sobre Keiko Fujimori y el caso Oderbecht.

“Es necesario que el fiscal José Pérez explique si las diligencias dirigidas a investigar los vínculos entre [Pedro] Gonzalo Chávarry Vallejos están referidas a los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía de la Nación como noticia criminal de supuestos delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real por parte de su despacho”, sostuvo la fiscal que abrió dicha investigación.

De ese tiempo a esta parte, mucha agua ha corrido bajo los puentes.

 

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