Defensoría sobre la vacancia: «El esfuerzo conjunto del Estado debe concentrarse en contener la expansión del COVID-19»
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La admisión a trámite de la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, tras la difusión de audios que lo comprometen, situación agravada por el indebido involucramiento de las Fuerzas Armadas por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Defensoría del Pueblo señaló que el enfrentamiento no solo afecta el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, sino también daña severamente el ejercicio de derechos fundamentales de millones de peruanos.

Mediante un comunicado, la Defensoría recordó a ambos poderes del Estado que el país viene atravesando una crisis sanitaria sin precedentes. «Hasta el momento, según cifras oficiales, son más de 700 000 las personas contagiadas de COVID-19 y más de 30 000 vidas perdidas, además de innumerables afectaciones a los derechos humanos. Este contexto exige la máxima unidad nacional para luchar contra los estragos de esta pandemia que aún no cesa», puntualizó.

«El esfuerzo conjunto del Estado debe concentrarse en contener la expansión del virus, fortalecer nuestras capacidades de respuesta en el suministro de oxígeno y otros medicamentos, asegurar la disponibilidad de camas UCI, y organizarnos para asegurar una eventual distribución y aplicación segura de una vacuna contra la COVID-19», anotó.

Sobre el contenido de los audios que involucran al jefe de Estado, la institución sostuvo que debe ser materia de una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público, con el fin de determinar las responsabilidades penales a las que hubiera lugar.

«Si bien el artículo 117 de la Constitución limita los supuestos en los cuales el Presidente puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato, ello no impide que la Fiscal de la Nación, en el ejercicio de sus funciones y como titular de la acción penal, pueda iniciar diligencias preliminares. Estas investigaciones podrán ampliarse y, de ser el caso, formalizarse las respectivas denuncias una vez que culmine el mandato presidencial el próximo 28 de julio de 2021», dijo.

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En ese sentido, la vacancia por permanente incapacidad moral de Vizcarra Cornejo es una figura cuya configuración y límites es aun materia de un extendido debate constitucional. Sin embargo, es amplio el consenso de que esta debe ser aplicada únicamente para declarar aquellas conductas especialmente graves que deterioren la dignidad presidencial e imposibiliten la permanencia de su titular en el cargo.

Por ese motivo, para la Defensoría del Pueblo, esta debe cumplir con criterios de objetividad, respetar las exigencias de un Estado Constitucional de Derecho y el principio de gobernabilidad. Asimismo, si es utilizada para sancionar una conducta, el procedimiento para dicho fin debe someterse a estándares internacionales que obligan a respetar garantías procesales.

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La Defensoría exhorta al Congreso de la República a que se conduzca estrictamente por lo establecido en la Constitución Política y ejerza con responsabilidad y prudencia el mandato que le ha sido conferido de materializar los derechos fundamentales de las personas; más aún, en un contexto de emergencia como el que estamos viviendo a nivel nacional.

Finalmente, la institución exige al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo no involucrar a las Fuerzas Armadas en la presente crisis. «Corresponde a los representantes de ambos poderes del Estado resolver este conflicto a través de las instituciones que brinda la democracia y el Estado Constitucional de Derecho», refirió.

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