COMPRA IRREGULAR. EN LA MUNICIPALIDAD DE LIMA.

Denuncian a Villarán y Glave por “faenón” con terreno de SJL

Usaron promesa de reubicar a comunidad shipibo-conibo para cambiar de zonificación de terreno, pagando más de 7 millones de soles, revela Yeni Vilcatoma a la Fiscalía Anticorrupción.

Denuncian a Villarán y Glave por “faenón” con terreno de SJL
  • Fecha Martes 27 de Agosto del 2019
  • Fecha 7:16 am

Además de los peajes de las constructoras brasileñas Odebrecht y de OAS, la exalcaldesa Susana Villarán y la exregidora y actual congresista Marisa Glave deberán enfrentar otro dolor de cabeza: la compra irregular de un terreno que costó más de siete millones de soles sin sustento técnico.

Según una investigación de la legisladora Yeni Vilcatoma, se habría favorecido a personas que crearon dos empresas solo para adquirir y vender 7,141,13 metros cuadrados de la zona de Campoy, en la primera etapa de San Juan de Lurigancho.

Lo que descubrió la exprocuradora es que los tiempos en que las empresas Portal Campoy SAC y Portal Campoy SRL gestionaron el cambio de zonificación, compraron el terreno y lo vendieron, coinciden con los momentos en que la Municipalidad de Lima evaluaba cambios en el proyecto Línea Amarilla, que en el fondo eran los mismos planes del inversionista.

Esta historia comienza en los primeros meses del 2011, cuando la entonces “honesta” Villarán acababa de asumir el cargo de alcaldesa de Lima, y Glave Remy era designada como presidenta de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura.

El 12 de mayo de ese año, la empresa Portal Campoy SAC pidió el cambio de zonificación del terreno ubicado en la avenida Campoy, primera etapa de la urbanización Lotización Campoy, manzana B, sublote 4-A en el referido distrito. Esta solicitud fue acogida por las autoridades ediles, a pesar de que la firma aún no era propietaria del lugar.

Ocho días después, el gerente municipal Miguel Prialé Ugaz firmó, con representantes de OAS, un acta donde se comprometía a modificar el proyecto Línea Amarilla, el cual fue rebautizado como “Vía Parque Rímac”.

De ese modo se empezó a renegociar los peajes de la Vía de Evitamiento. No solo se les terminó ampliando el contrato por diez años más (hasta cuatro décadas de concesión), sino que se acordó ampliar el campo de acción, creando el proyecto alterno “Río Verde”.

Esto contemplaba que, del dinero para la inversión, se compre un gran terreno donde se reubique a cientos de miembros de la comunidad shipibo-conibo.

Es decir, ahora iba a ser necesaria una transacción inmobiliaria, y mientras la comisión presidida por Glave le daba luz verde al pedido de zonificación, en diciembre del 2011 los propietarios Van Del Wyngeart y la sociedad conyugal Farah-Odé vendían la propiedad por US $ 2’502,822.77 a Portal Campoy SAC.

Otra coincidencia de tiempos se produjo en febrero del 2012. Ese mes, la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano elevaba su dictamen al Consejo Municipal para que esta instancia decida si lo convertían en ordenanza o no. Se aprobó pasar de zonificación de Industria Liviana (I-2) a Comercio Zonal (CZ), incrementando el precio por metro cuadrado.

STAND BY

Es entonces que Portal Campoy SAC deja de registrar actividad en la SUNAT. Entonces se produce un interregno. Los seguidores de Marco Tulio Gutiérrez ya estaban recabando firmas para solicitar la revocatoria de Villarán, y toda la transacción inmobiliaria quedó en stand by hasta el 13 de febrero del 2013.

Ese día se firma la adenda de Vía Parque Rímac, con la cual se oficializaba la necesidad de adquirir un terreno para la reubicación de los vecinos de origen selvático de Cantagallo.

Marisa Glave fue revocada, y se tuvo que rehacer más de la mitad del Consejo Municipal que había corrido la misma suerte. Se convocaron elecciones complementarias.

Mientras tanto, en setiembre, la empresa que había pedido el cambio de zonificación se extinguía, para dar pase a otra razón social: Portal Campoy SRL. Solo había realizado una operación en sus doce meses de existencia: comprar el terreno de San Juan de Lurigancho.

Desde noviembre del 2013, la alcaldesa quedaba en manos de una mayoría supuestamente opositora, aunque ingresaron más regidores del Partido Popular Cristiano y Somos Perú, quienes apoyaron sus proyectos de inversión, aunque reformando algunos.

LA FINANCIARON

Pero en el 2014 vuelven las “coincidencias”. La burgomaestre, quien había dicho que no postularía a la reelección, cambió de opinión, y decidió hacerlo. Ahora se sabe que OAS y Odebrecht la financiaron con la idea de mantener a la persona que les había dado todas las facilidades para cercar las principales vías de entrada y salida a Lima con sus casetas de peaje.

Las cosas no le fueron bien a Villarán. El 5 de octubre solo conseguía el diez por ciento de los votos válidos, siendo derrotada por Luis Castañeda Lossio –quien también había sido financiado por OAS-, pero nadie imaginaba lo que sucedería dos días después.

Mediante el Scotiabank, donde se manejaba el dinero del fideicomiso, se pagó a Portal Campoy SRL la suma de 4’641,735 dólares por el bendito terreno. Esta firma tenía a los mismos apoderados y a los mismos representantes que su antecesora.

No pasaron ni cinco meses, y Campoy SRL también se dio de baja en SUNAT, para ser supuestamente absorbida. Su única transacción –otra aparente casualidad- fue vender los 7,141,13 metros cuadrados del inmueble.

¿En política existen coincidencias? Para Yeni Vilcatoma no, y por eso acumuló este y otros indicios, los cuales presentó ante la Fiscalía Coordinadora de las fiscalías anticorrupción, para denunciar a Villarán, Glave y a Fernando de la Flor Belaunde por presuntos delitos de colusión, cohecho, omisión de funciones, patrocinio ilegal y negociación incompatible.

Al cambio actual, la transacción del 2011 fue de 8’334,400 soles, y la del 2014 –dos días después de que Villarán perdiera la reelección- costó S/ 15’456,970. Casi el doble en tres años, a un costo adicional de 7’122,570 soles.

Si esto hubiera servido para ayudar a la comunidad shipibo-conibo, tal vez se podría entender, pero el proyecto Río Verde no era tal, ya que no tenía estudios técnicos ni visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo cual nunca se pudo complementar.

ENTRA CASTAÑEDA

A inicios del 2015, la entrante gestión de Castañeda detecta esta negligencia, y acuerda con OAS utilizar el dinero restante para el polémico by-pass de la avenida 28 de Julio del Cercado de Lima.

Cuando se quiso trasladar a los miles de indígenas a Campoy, se detectó que el terreno no tenía las características físicas mínimas para un complejo habitacional. A esto se le sumó que el metro cuadrado en los alrededores no pasaba de los 300 dólares, la mitad de lo que se había pagado meses atrás.

Para mala suerte de los shipibo-conibo, el 4 de noviembre del 2016 se produjo un incendio de grandes proporciones en la comunidad de Cantagallo, afectando a 436 viviendas y 2038 personas. Si bien nadie murió, cuatro niños fueron heridos gravemente.

Las cosas hubieran sido peores si se hubiera pretendido trasladarlos a la zona de San Juan de Lurigancho. Cuatro meses después, la crecida del río Rímac se llevó casi dos mil metros cuadrados del terreno, implicando una investigación interna en la Municipalidad de Lima sin que haya trascendido a los medios.

La adenda de los US$ 74.5 millones y por 40 años

La opción de Río Verde surgió con el cambio del proyecto original Línea Amarilla, a Parque Vía Rímac. Contemplaba obras por 370 millones de dólares (unos 1,100 millones de soles), pero basado en una maqueta arquitectónica que no tenía código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por lo cual en el 2015 fue anulado.

En este contexto, posteriormente, el 13 de febrero de 2013, mediante la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla, se incorporó la cláusula 6.67, cuyo texto quedó redactado en los siguientes términos:

“6.67. El CONCESIONARIO se obliga a efectuar la transferencia fiduciaria de los US$ 74’500,000.00 más el IGV correspondiente (…) a favor del Fideicomiso Río Verde conforme al siguiente detalle: a) 50% en el mes de diciembre del año 2013; y, b) 50% en el mes de diciembre del año 2014”.

“Todo ello -indica el escrito de la legisladora Yeni Vilcatoma- con el fin de efectuar el diseño y ejecución de las distintas obras pertenecientes del Proyecto Río Verde, como se aprecia de la página 26 de la referida adenda que se anexa como medio de prueba a la presente denuncia”.

Marisa Glave jugó un papel clave en acuerdo

Portal Campoy SAC fue una empresa que empezó a desarrollar sus actividades el 17 de marzo de 2011, conforme se desprende de la hoja de consulta del Registro Único de Contribuyentes — RUC. Posteriormente, el 18 de setiembre de 2013 cambio su razón social a Portal Campoy SRL.

Varios socios de esta última empresa forman la sociedad anónima Caral Edificaciones SAC, la cual absorbió a Portal Campoy SAC.

Dicha sociedad celebró, posteriormente, un contrato de opción de compra a favor de la sociedad inmobiliaria e Inversiones Azángaro, la cual se transformó en Portal Cantogrande SAC.

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2011, con el dictamen municipal favorable sobre cambio de zonificación de por medio, la empresa Portal Campoy SAC adquiere el terreno a Van Den Wyngaert y la sociedad conyugal Farah-Ode por la suma de US$ 2,502,822.77 dólares americanos.

El cambio de zonificación fue aprobado mediante la Ordenanza N° 1081-MML. En este punto cabe precisar que la comisión de desarrollo urbano fue presidida por la entonces regidora Marisa Glave Remy.

Todo esto se desprende del Expediente N” 67882-2011 del 12 de mayo de 2011. Para mayores detalles, Campoy SAC adquirió la titularidad del predio el 29 de diciembre de 2011, “logrando que la Comisión presidida por la denunciada Marisa Glave Remy, emitiera el dictamen favorable al cambio de zonificación y lo remitiera el 03 de febrero de 2012 a la secretaría General del Concejo”, dice el escrito de Vilcatoma.

No hubo respuesta de Glave

Al detallar la denuncia contra la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú), cuando era regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a su despacho, se nos indicó que no tenían conocimiento del hecho. Ante ello, el jefe de prensa de la parlamentaria nos brindó su correo electrónico para enviarle la documentación respectiva. Nos comunicamos de nuevo con su asesor de imagen y nos informó que estaban revisando la denuncia e iban a elaborar una respuesta. Hasta el cierre de este informe, no la enviaron.

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