Denuncian al premier Gustavo Adrianzén y a otros dos ministros por incendios forestales
Investigadora Lucila Pautrat los demanda por demora en sus funciones, omisión, entre otros.
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El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, junto a dos ministros, ha sido denunciado penalmente por los delitos de omisión, rehusamiento o demora en el ejercicio de funciones; otorgamiento ilegal e ilegítimo de derechos sobre inmuebles; y avocamiento ilegal de un proceso en curso, en relación con los incendios forestales.
La demanda fue presentada por la investigadora Lucila Pautrat y también alcanza a los ministros de Ambiente y Desarrollo Agrario, Juan Carlos Castro y Ángel Manero, e incluye a Nelly Paredes del Castillo, actual directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y ex titular del Midagri.
Según el documento, la denunciante solicita al Ministerio Público que inicie las diligencias preliminares en un plazo no mayor a 60 días, incluyendo la programación de declaraciones tanto de los acusados como de testigos.
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Asimismo, sostiene que los ministros y el premier habrían incurrido en avocamiento ilegal al tratar de implementar una clasificación de tierras y normativas para el cambio de uso en actividades agropecuarias, en respuesta a dos resoluciones del Midagri.
Además, se menciona que las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Sociólogos del Perú y el Gobierno Regional de San Martín han sido admitidas por el Tribunal Constitucional, mientras que una demanda de amparo está siendo procesada en el Tercer Juzgado Constitucional de Lima.
La denuncia también alega un otorgamiento ilegal e ilegítimo de derechos sobre inmuebles, citando que el ministro Manero anunció en el Parlamento un programa de formalización de predios agrarios que, según la denunciante, carece de títulos habilitantes y estudios necesarios. Estos terrenos se encuentran en áreas invadidas, deforestadas y ocupadas ilegalmente.
Se argumenta que tanto el Midagri como el Congreso eran conscientes de la imposibilidad de titularizar áreas deforestadas y ocupadas ilegalmente, dado que se trata de Tierras Forestales y de Protección.
En cuanto a la acusación de omisión, la denunciante resalta que la declaratoria de emergencia en Amazonas, San Martín y Ucayali, emitida por el gobierno de Dina Boluarte tras varios días de incendios, evidencia un “negligente y tardío accionar” del Ejecutivo. Esto, según ella, ha contribuido al aumento de víctimas y damnificados, lo que podría encuadrarse en el delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales.
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