Denuncian que ascenso de Cervantes fue ilegal | INFORME
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Por Geraldo Capillo 

La polémica sobre el ascenso del actual comandante general de la Policía, teniente general PNP César Cervantes Cárdenas, continúa y se agudiza. Esta vez el despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha recibido una denuncia penal contra la máxima autoridad policial y otras tres personas por el presunto delito de fraude procesal, falsedad ideológica y falsa declaración en procedimiento administrativo; debido al supuesto uso de un “ardid jurídico” en el proceso de ascenso de 2017, donde al entonces coronel se le otorgó el grado de General de Servicios y luego se le cambió por General de Armas.

ORIGEN

El 4 de diciembre de 2017, la Policía emitió la Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/DIRREHUM-PNP, que carece de número, vinculada a la declaratoria de las vacantes para el ascenso al grado de General de Armas y General de Servicios de la institución.

Ocho días después, se emitió la Resolución Suprema N° 080-2017-IN, donde el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el ministro del Interior, Carlos Basombrío, otorgaron –por selección– el ascenso al coronel PNP César Cervantes para el grado de General de Servicios. Al día siguiente, 13 de diciembre, la decisión fue publicada en el diario oficial El Peruano.

Sin embargo, el sábado 16 de diciembre se publicó una fe de erratas de la R.S. N° 080-2017-IN, donde se aclara que la disposición estuvo amparada en la “Resolución Directoral N° 779-2017-DIRGEN/DIRREHUM-PNP, del 5 de diciembre de 2017”. También se precisa que no debe decir “General de Servicios” sino “General de Armas”. Dicho cambio carece de rúbrica.

ACUSACIÓN

Según la denuncia, en este proceso existió “un concierto de voluntades al máximo nivel” y se nombra como presuntos participantes del ilícito al exministro del Interior, Carlos Basombrío; el excomadante general de la Policía, teniente general PNP (r) Richard Zubiate; y el exdirector de Recursos Humanos de la Policía, el general PNP (r) Severo Flores.

La misiva sostiene que se trata de un “fraudulento ascenso policial” bajo el “erróneo cambio de categoría”, puesto que a fines de 2017, los citados mostraron un “favoritismo” por Cervantes, usando una cuestionada resolución [sin identificación normativa, según el artículo 4 de la Ley N° 26889] para “variar la distribución de vacantes”, la misma que luego fue “irregularmente sustituida”. Una “artimaña” que se intentó validar por medio de una “figura derogada” llamada fe de erratas.

Como es público, los oficiales “de servicios”, también llamados “asimilados”, son profesionales egresados de una universidad con título registrado e inscrito en un colegio profesional, que se incorporan a la Policía mediante concurso público. Sin embargo, esta categoría no le correspondía al oficial Cervantes, por ser un egresado de la propia Escuela PNP.

Según los fundamentos de la demanda, debido a que esto ocurre todos los años, es “improbable” que el comando policial “confundiera conceptos tan elementales y específicos como personal de armas y personal de servicios”, ocurriendo porque “se trataba de actos preparatorios ‘deliberantemente’ planificados (…) beneficiándose a Cervantes Cárdenas (…) habiendo un concierto de voluntades al máximo nivel”, dice el escrito.

ESCALAFÓN

De igual manera, la denuncia adjunta como prueba el escalafón de oficiales PNP a enero de 2017, donde Cervantes Cárdenas figuraba en el puesto 202. Once meses después, la Policía definió 12 vacantes para ascender al grado de general de armas, 2 para general de servicios y uno para teniente general.

Vale precisar que en el escrito se considera que Cervantes Cárdenas sí cumplía con los requisitos mínimos para el ascenso en un periodo de 5 años en el grado de Coronel por tener 30 años en la institución. Sin embargo, se cuestiona que, al no tener los méritos necesarios para escalar, se le habría ascendido como general de servicios para, luego, por medio de un “ardid jurídico”, otorgarle el grado de General de Armas.

También se expone que “con la disminución de una vacante se ha perjudicado a los coroneles de servicios”, citando  el artículo 58 del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía, en el cual se establece que “el número de vacantes para oficiales y suboficiales mediante resolución de la Dirección General de la PNP, que se publica anualmente, luego de lo cual, no podrán ser reducidas”.

FE DE ERRATAS

“Era evidente que el ministro había obrado sin mayor sustento legal, tomando una vacante destinada a los coroneles de servicios, que tienen igual derecho a ascender, para concedérsela al coronel Cervantes (…) Luego de este episodio, Basombrío optó por consumar los hechos recurriendo a la extinta figura de la fe de erratas, haciendo sustituir el oficio para justificar y dar visos de legalidad”, se argumenta –en términos generales– a lo largo de la demanda.

En efecto, el término “fe de erratas” fue reemplazado por “rectificación de errores” por el propio gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, bajo un “Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, del Procedimiento Administrativo General”, cuya primera edición oficial fue difundida en junio de 2017. Es decir, seis meses antes del ascenso del oficial César Cervantes.

El artículo 210 de la Ley N° 27444 sostiene que la rectificación de errores puede darse cuando se trata de “errores materiales o aritméticos (…) siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”. Además, según la primera disposición complementaria plasmada al final de la citada norma, “se deroga todas las disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior rango, que se opongan o contradigan regulando procedimientos administrativos de índole general”.

Finalmente, la demanda, bajo el expediente CEA MUPSG20200028558, evidencia que se produjo otro suceso no menor. “La R.S. N° 080-2017-IN si bien se encuentra rubricada por el presidente, está refrendada por Carlos Basombrío Iglesias, que no corresponde a la identidad consignada en la R.S. N° 167-2017-PCM, su nombramiento como Ministro del Interior”, indica.

Esto radica en el uso permanente del nombre completo o en el consignado en la resolución de nombramiento de los titulares de carteras para las documentaciones oficiales. Incluso, el actual ministro del Interior, José Manuel Antonio Elice Navarro, estampa su nombre completo en todas las resoluciones, sin importar la trascendencia de su decisión.

DOCUMENTO

¿HAY ALGÚN ACTO ILEGAL? ESPECIALISTAS SE PRONUNCIAN

Opiniones divididas respecto a la promoción de generales 2018

General PNP (r) Máximo Ramírez

DEFENSOR POLICIAL

“Se corrigió. Al final, la vacante estaba dada. No le veo ninguna ilegalidad. Están especulando. Dicen que como no había vacantes para armas, le dieron uno de servicios. No. Se le corrigió y eso era todo. Se le evaluó y tenía los requisitos. Había una plaza para general y él postuló de manera legal y aceptaron su ascenso de manera legal. Nadie cuestionó su ascenso en ese momento. Ocurrió un error que fue corregido con una fe de erratas. ¿Por qué no se denunció en 2018? ¿Por qué esperaron tanto tiempo si supuestamente era ilícito? Todas las vacantes están en función al presupuesto, tal como ocurrió en el 2018”.

SO TCO1 PNP (r) José Palacios

LA VOZ DEL POLICÍA

“Ya estaban los puestos copados y él no pudo entrar. ¿Qué hicieron? Le quitaron el cupo a un coronel de servicios y lo pusieron a él. Dizque erróneamente para darle el grado y consagraron esa ilegalidad al darle, con una fe de erratas, el grado de general de armas, cuando él ascendió como general de servicios. Para evitar el escándalo, lo mandaron de agregado en el extranjero, hasta que entra el ministro Rubén Vargas y lo vuelve a llamar, y se tumba a los 18 generales para nombrarlo a él. En todos sus aspectos es ilegal. Tanto en el ascenso, la fe de erratas y el nombramiento como comandante general”.

RÉPLICA

EXPRESO se comunicó con el excomandante general de la Policía, Richard Zubiate, para que responda a estas acusaciones, pero indicó que “no podía dar declaraciones porque se encuentra trabajando para una entidad del Estado”. Mientras que el exministro Carlos Basombrío no respondió las llamadas. Por su parte –y hasta el cierre de esta edición–, fue imposible contratarnos con el general PNP (r) Severo Flores.

INDICA EL DENUNCIANTE

“NO HAY MOTIVACIÓN PERSONAL”

El demandante es el coronel PNP (r) Julio César Flores Camargo. En comunicación con esta casa editora, sostuvo que “no tiene ninguna motivación política ni personal” con esta denuncia. “No voy a postular a ningún cargo. No conozco al señor Cervantes Cárdenas. Lo que me motiva es prevenir toda esta fractura. Hay una intencionalidad para que la Policía sea un apéndice del Mininter”, mencionó.

SE CREARÍA CAOS EN LA POLICÍA

“TODOS SUS ACTOS SON NULOS”

“Todos los actos del señor Cervantes son nulos y va a crear un gran caos en la Policía. Cualquiera puede desconocerlo porque dirá que su nombramiento es ilegal (…) En el sistema de la PNP, que no es público, están todos los procesos de ascensos, pero la única resolución de coronel a general que no está es la del señor Cervantes. Es inaudito”, remarcó el coronel PNP (r) Julio Flores.

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